El 14 de mayo del 2026 se instaló en la Corte Nacional de Justicia la audiencia de vinculación en el caso Progen, en la que el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, solicitó que se procese a 21 personas, por el delito de peculado.
En la diligencia se conoció que varios técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), sobre todo quienes viajaron a Estados Unidos para verificar el estado de los generadores que se iban a adquirir, advirtieron sobre las irregularidades de los equipos, sin embargo, no fueron escuchados por las cabezas de la institución.
Edwin Romero, abogado de uno de los técnicos cuyo nombre no se puede hacer público, pues es parte del sistema de protección de víctimas y testigos, por amenazas a su vida, afirmó que su cliente presentó un informe borrador en el que recomendó que no se contrate a Progen, sin embargo, no se lo acogió, en su lugar, se contrató a una empresa externa que avale el acuerdo.
“Fue conocimiento de los altos mandos que los motores eran de dos tiempos, mientras lo ofrecido por Progen eran de cuatro tiempos. Se verificó que el factor de potencia era de 0.7, cuando el ofertado era de 0.8. Progen no permitió verificar el funcionamiento de los generadores”, puntualizó el jurista.
Obstáculos durante la visita
Según el técnico, en su visita a las instalaciones de Progen en Estados Unidos se constató que los generadores eléctricos, por los que Celec pagó adelantos de 104 millones de dólares, no cumplían con las especificaciones técnicas para funcionar en Ecuador y exigidas en el contrato, además, tampoco eran nuevos.
“Las estructuras de los generadores estaban sobrepintadas, oxidadas, se detectaron irregularidades inclusive en las placas, inclusive, existían golpes en las estructuras. Lo que llama la atención es que, pese a que existía el informe borrador de que no se contrate, que no se pague, se contrató”, afirmó Romero.
El fiscal Alarcón en su exposición corroboró la versión del técnico y la existencia de un informe borrador, además, señaló que la comisión de verificación enfrentó restricciones impuestas por parte de Progen, que ni siquiera les permitió ver los generadores eléctricos, los cuales permanencieron embalados durante la visita.
Aprovecharon la crisis eléctrica
En la presentación de los elementos de convicción relacionados con el caso Progen, el fiscal general señaló que quienes perpetraron el delito “se aprovecharon de la crisis energética que enfrentaba el país”.
Los generadores eléctricos adquiridos a Progen debían entrar en funcionamiento en noviembre del 2024, para hacer frente a los apagones, sin embargo, siguen embodegados.
Por estos equipos el país pagó 104 millones de dólares, 69 millones 580 mil dólares por el contrato para la central Salitral y 34 millones 700 mil dólares para Quevedo.
Entre los procesados está el exministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, a quien el fiscal responsabilizó de no precautelar los fondos públicos.
“Su deber jurídico era vigilar que se cumplan los plazos y la entrega de equipos, por ser Celec una entidad adscrita al Ministerio, evidenciando que no existió alguna actitud en su deber legal de precautelar los fondos públicos”, señaló el Fiscal.
