El Gobierno ha iniciado un proceso de transformación del Estado, que busca la eficiencia en el sector público, el cual incluye, como uno de cuatro pilares, el ahorro público, el que espera lograr con la reducción de los ministerios, de 14 a 10.
Los tres pilares adicionales son: reducción de trámites y el avance hacia la digitalización, para ahorrar tiempo a los ciudadanos; la profesionalización del servicio público, con servidores capacitados y evaluados por resultados; y la transformación digital, con la implementación de herramientas como la carpeta ciudadana, identidad digital, firma electrónica y la ventanilla única.
Dentro de la fusión de las carteras de Estado, se propone un Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que agrupará a los de Economía y Finanzas, Agricultura, Ganadería y Pesca y Producción, Comercio Exterior e Inversiones.
Además, los ministerios de Infraestructura y Transporte y el de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se transformarán en el Ministerio de Infraestructura y Tecnología.
Mientras que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano agrupará a los ministerios del Trabajo y Desarrollo Humano, además de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades y la Unidad de Registro Social.
Cabezas de los nuevos súper ministerios
El Gobierno ha anunciado tres nombres para encabezar los nuevos ministerios creados por la fusión de carteras; además que José Julio Neira fue posesionado como nuevo secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete.
Sariha Moya estará al frente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo; Roberto Luque dirigirá el Ministerio de Infraestructura y Tecnología; y, Cynthia Gellibert encabezará el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.
En busca del ahorro
El presidente Daniel Noboa no ha indicado cuánto se ahorrará el país con la nueva fusión de los ministerios, sin embargo, el analista económico Alberto Acosta Burneo recalcó que, en el proceso similar que se realizó hace un año, sí hubo un ahorro del 0,4 %, pero, este se diluyó en otros gastos más elevados.
“En julio de 2025 el Gobierno redujo de 20 a 14 ministerios, pero, el gasto público subió ese año en 2.800 millones de dólares; el esfuerzo que significó la desvinculación de funcionarios fue un ahorro que se gastó en compensaciones y bonos que se dieron previo a la consulta popular”, afirmó Acosta Burneo.
Para el experto, es importante recalcar que incluso el anuncio de desvinculación de 5.000 funcionarios se cumplió a medias; pues, según los registros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el 2025 el número de afiliados del sector público solo se redujo en 1.100 personas, que son los que finalmente salieron de las instituciones.
“Se sacó a un número menor de personas del que se anunció, además, se recontrató a otras y se sumó a más militares, al final, la reducción no fue significativa; ahora también el presidente ha dicho que busca recontratar a jóvenes que no molesten, es decir, no habrá una reducción importante y la fusión se convertirá en meter a los mismos funcionarios en una funda distinta”, puntualizó el analista.
Fusión sin análisis técnico
Para la exministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, la conformación de un nuevo Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MIES), que agrupa carteras de Estado del sector social con uno relacionado con el tema laboral, es una “solución cosmética”, que no resuelve los problemas estructurales de Ecuador, sino que, puede agravarlos.
“El Ministerio del Trabajo siempre ha sido de relaciones laborales, de conflictividad laboral e inspección, nunca de generación de empleo; por lo tanto, no tiene una misión social, que es en lo que trabajan el MIES, la Secretaría de Pueblos y el Registro Social; al final, uno de los dos sectores va a ser sacrificado”, señaló la exministra.
Este tipo de fusiones, que carecen de un análisis técnico, especificó Cordero, terminan dando la espalda a las personas más necesitadas, en cuya atención se busca ahorrar, pero, esto no se aplica para otros rubros, como la deuda externa.
“Un Estado más delgado no es necesariamente un Estado más justo. En 2000, Ecuador gastó el 82% de sus ingresos corrientes en deuda. La deuda social quedó segunda. 26 años después, el patrón se repite con otro nombre: eficiencia administrativa. El resultado histórico siempre fue el mismo: más exclusión, mejor administrada”, afirmó Cordero.
