Gracias a la cooperación internacional con los Estados Unidos y a la aplicación de la ley RICO, el Gobierno habría obtenido los nombres de las personas que se beneficiaron económicamente del dinero que el Estado le pagó a la empresa estadounidense Progen, que asciende a 104 millones de dólares.

Julio José Neira, secretario de la Administración Pública, informó que, siguiendo el recorrido de los fondos entregados se encontró una red de empresas y personas que “se lucraron” de los recursos públicos, “utilizando Progen como medio”.

Se trataría, según Neira, de 29 beneficiarios, que son personas jurídicas (empresas); la mayor parte del dinero se lo llevó la subcontratista Astrobryxsa, registrada en Estados Unidos y en el Ecuador.

Astrobryxsa recibió 15.2 millones de dólares aproximadamente y lo repartió a nueve beneficiarios, cuatro personas jurídicas y cinco naturales.

Parte del dinero lo recibió José Luis Hidalgo Fernández, abogado que facilitó el traspaso de bienes dentro de la estructura; para lo cual creó y compró ocho empresas para la distribución del dinero hacia los beneficiarios.

El siguiente nombre que dio Neira fue el de Carla Saud Calero, representante de Progen en Ecuador, quien utilizó más de 162 mil dólares de ese dinero para sus gastos personales.

El último beneficiario es José Walter Manrique Suárez, quien entregó más de 2.3 millones de dólares a 10 beneficiarios, 5 empresas jurídicas y 4 personas naturales.

Además de sus consumos personales, los movimientos transaccionales realizados por estas personas fueron identificados porque utilizaron dos bancos ecuatorianos.

Según Neira, con esto se demuestra que en este caso no están vinculados altos funcionarios del Gobierno, sino que los involucrados inventaron narrativas con el fin de posicionar esta versión.

“Les hemos demostrado que este caso de corrupción tiene nombres y apellidos, y hoy se les cayó el relato”, afirmó Neira.