Con 139 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 7 de julio del 2026 la reforma a la Ley de Extradición, que busca incorporar definiciones técnicas sobre este proceso, definir el rol de la justicia y la diplomacia en esta materia, además establece reglas uniformes para la extradición activa y pasiva, reduciendo la discrecionalidad en sus actuaciones.
Rosa Torres, ponente del informe, aseveró que la norma es una respuesta para contrarrestar la actuación de las mafias y el crimen organizado en Ecuador.
La legisladora recordó que en la consulta popular de 2024 los ecuatorianos se pronunciaron por el sí a la extradición de ciudadanos ecuatorianos requeridos por la justicia.
«Sin la consulta no habría sido posible la extradición de alias ‘Fito’. El mandato ciudadano nos impone una enorme responsabilidad de aprobar una ley que esté a la altura de este compromiso; hoy debatimos una norma que establece mecanismos ágiles y eficientes para tramitar los procesos de extradición», agregó Torres.
Modernización de la Ley de Extradición
Según el análisis técnico y jurídico de la Comisión de Justicia, donde se trabajó la ley, esta reforma a la Ley de Extradición constituye una respuesta necesaria frente a la complejidad del contexto nacional y al creciente desafío del crimen organizado transnacional.
Durante el debate, que contó con la participación de 15 asambleístas, se señaló que la ley cerrará una importante vía de escape para el crimen organizado. No obstante, se recalcó que esta normativa, por sí sola, no resolverá el problema de la inseguridad, por lo que también es indispensable combatir la corrupción en la Función Judicial.
Además, se destacó que la ley proporciona herramientas para agilizar los procesos relacionados con delitos de carácter transnacional y delimita con claridad las responsabilidades de las fases administrativa y judicial de la extradición.
El proyecto será remitido al Ejecutivo para la respectiva sanción u objeción, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la ley.
