a ola de inseguridad y violencia que afecta a Quito ha puesto en alerta máxima a las autoridades municipales y a las instituciones del Estado. Las desapariciones de personas y el hallazgo de un cadáver sobre la transitada avenida Simón Bolívar, en el norte de la ciudad, encienden las alertas sobre la inseguridad en la capital.

Durante los primeros siete meses de 2026, Quito ha registrado un incremento de los índices delictivos, con episodios de sicariato, extorsiones y otros delitos violentos. Aunque la ciudad mantiene cifras inferiores a las de varias urbes de la Costa, la percepción de inseguridad entre los capitalinos ha alcanzado niveles críticos.

Frente a este escenario, el Municipio de Quito y la Policía Nacional han intensificado la estrategia de control operativo en los sectores de mayor riesgo. Entre las acciones prioritarias destaca la instalación de Puestos de Mando Operativo en puntos neurálgicos como el Centro Histórico, La Carolina y, más recientemente, el corredor universitario del centro-norte.

Apoyo

Estos puntos de control combinan la presencia de agentes metropolitanos con tecnología de punta, incluido el monitoreo mediante drones y sistemas de videovigilancia interconectados con la central de emergencias ECU 911. Paralelamente a la intervención en las zonas urbanas consolidadas, las autoridades concentran sus esfuerzos en parroquias rurales y sectores periféricos como Calderón, Llano Chico y Tumbaco.

En estos sectores se han reportado hallazgos de cuerpos sin vida y ataques armados asociados al accionar de bandas criminales que buscan expandir su influencia territorial. Las investigaciones apuntan a que estos hechos estarían vinculados a disputas internas entre grupos dedicados al microtráfico y a recolección de rentas ilícitas. Pese a las limitaciones derivadas de la falta de competencia directa de los gobiernos locales en la lucha contra el crimen organizado, la administración capitalina sostiene que el control preventivo del espacio público es fundamental para reducir la incidencia delictiva.

Con la evaluación permanente de los puestos de mando y el compromiso de la ciudadanía y la academia, Quito busca consolidar un modelo de contención que devuelva la tranquilidad a sus calles y proteja a los sectores más vulnerables.

Acciones en los entornos universitarios

Frente al incremento de la inseguridad y los delitos en los alrededores de los campus, 16 instituciones de educación superior de Quito suscribieron un acuerdo con el Municipio. La iniciativa busca fortalecer el control del espacio público, articular acciones de prevención y coordinar respuestas más eficientes frente a la delincuencia. Esta medida se concretó tras la presentación del plan nacional “Instituciones de Educación Superior Seguras”, que identificó 36 planteles prioritarios a escala nacional, de los cuales 12 fueron catalogados como de alto riesgo debido a amenazas y extorsiones.

La preocupación institucional y ciudadana se profundizó tras el caso de Nathaly Juliette Mafla, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, cuya desaparición y posterior hallazgo sin vida evidenciaron la alta vulnerabilidad en las inmediaciones de los centros educativos. El hecho motivó a los rectores a exigir un despliegue inmediato de las autoridades nacionales y locales.

Durante la firma del acuerdo, las autoridades académicas enfatizaron que la inseguridad no debe normalizarse en espacios destinados a la formación, la investigación y la generación de conocimiento. Universidades Aunque las instituciones de educación superior han adoptado medidas de seguridad interna, como la ampliación de los sistemas de videovigilancia, el incremento del personal de seguridad y la implementación de transporte seguro, los rectores insistieron en que estas acciones resultan insuficientes sin el respaldo del Gobierno y del Municipio.

En ese sentido, subrayaron la urgencia de intervenir el corredor universitario, por el que transitan diariamente más de 50.000 estudiantes y cerca de 250.000 personas, con el propósito de reducir los delitos de oportunidad y mejorar la movilidad. La carta de adhesión formaliza la incorporación de las instituciones académicas al Plan de Acción Conjunto para la Seguridad de la Comunidad Universitaria del Distrito Metropolitano de Quito.

El convenio impulsa acciones urgentes

El convenio establece una agenda permanente de trabajo bajo principios de corresponsabilidad, prevención y garantía de los derechos humanos. Además, aborda de manera integral problemáticas como la delincuencia común, el consumo de alcohol en espacios públicos, los establecimientos comerciales irregulares y las violencias basadas en género.

Como parte de los compromisos asumidos, las universidades se integrarán a mesas técnicas y chats operativos de coordinación directa con el Municipio, además de designar delegados permanentes para la gestión de crisis. Asimismo, desarrollarán campañas internas sobre salud mental, prevención de adicciones y promoción de la convivencia. También fortalecerán sus sistemas de videovigilancia para compartir información estratégica con los organismos de emergencia.

Por su parte, la administración municipal se comprometió a mantener un seguimiento permanente de las acciones planificadas, coordinar operativos con la Policía Nacional e intensificar los controles en la vía pública. La acción operativa más relevante del plan contempla la instalación de tres puestos de mando operativo de alta tecnología en puntos estratégicos del corredor universitario, entre ellos las plazas Indoamérica y Gabriela Mistral, además de un tercer nodo que se definirá en la avenida 12 de Octubre.