El reciente conflicto desatado en Cuenca por tres ordenanzas sobre el uso, gestión y aprovechamiento del suelo urbano y rural (una de ellas ya derogada), ha puesto al descubierto una crisis que trasciende el ámbito técnico de la planificación urbana. Lo ocurrido ha reactivado las tensiones entre el centro urbano y la ruralidad, provocando movilizaciones sociales, fracturas políticas y reconfiguración de alianzas de cara a las elecciones seccionales de 2027.
Movilización rural: entre participación legítima y estrategia política
La protesta liderada por comunidades rurales y juntas parroquiales expuso la falta de participación real en la elaboración de las ordenanzas. Según el sociólogo Marco Salamea, el conflicto comenzó como una defensa territorial legítima, pero pronto fue cooptado por intereses político-electorales.
“La movilización fue legítima en sus inicios, pero se instrumentalizó rápidamente”, advierte Salamea.
El conflicto revela una fragilidad democrática marcada por la ausencia de canales de diálogo y una participación ciudadana simbólica. La falta de respuesta institucional no solo debilitó la legitimidad del gobierno local, sino que convirtió el conflicto en una herramienta táctica para posicionar actores con miras a las próximas elecciones.
Cambio de gobernador: ¿represalia política o cálculo electoral?
Uno de los episodios más polémicos fue la remoción del gobernador del Azuay, Santiago Malo, quien intentó mediar en la crisis. Su reemplazo por Xavier Bermúdez, exconcejal opositor al alcalde Cristian Zamora, fue interpretado por analistas como una acción estratégica del Ejecutivo nacional para silenciar voces críticas y preparar el terreno electoral.
Esta teoría se refuerza con la posible candidatura del asambleísta Adrián Castro por el movimiento oficialista ADN. Para los analistas, el conflicto por el uso del suelo se ha transformado en una plataforma para probar fuerzas y construir candidaturas.
Crisis de representación territorial: la mirada desde las parroquias
Para el sociólogo Humberto Chacón, la derogatoria de una de las ordenanzas refleja una fractura profunda entre el centro urbano y las zonas rurales. Aunque existieron procesos de socialización, no fueron percibidos como genuinos ni inclusivos, lo que alimentó el malestar.
“El conflicto reveló una tensión estructural no resuelta. La ciudad se piensa desde el centro, ignorando al entorno rural”, sostiene Chacón.
Además, el escenario político local está fragmentado por la proliferación de precandidatos y plataformas sin propuestas claras. El cálculo político ha desplazado al debate técnico, debilitando la calidad de la gestión pública.
Exclusión histórica de la ruralidad y rechazo al modelo extractivista
El politólogo David Barzallo introduce otro eje clave: la exclusión histórica de la ruralidad en la planificación territorial. Para él, la ordenanza fue solo el síntoma de una política urbana desconectada del territorio.
“La socialización fue simbólica. Persisten lógicas verticales en la toma de decisiones”, afirma Barzallo.
También destaca que las protestas reflejan el rechazo de la ciudadanía al modelo extractivista, particularmente en una ciudad como Cuenca con una tradición anti-minera transversal. En ese contexto, la salida de Malo puede entenderse como una advertencia a quienes se oponen a este modelo desde el poder local.
Elecciones 2027: nombres en juego y lucha por el liderazgo político
Todos los analistas coinciden: el conflicto marca el inicio anticipado de la campaña para las elecciones seccionales de 2027. Figuras como Xavier Bermúdez, Diego Matovelle y Adrián Castro emergen en el oficialismo, mientras que en la oposición se perfila un escenario dividido.
Dentro del correísmo, existen tensiones con el prefecto Juan Cristóbal Lloret, quien podría optar por un camino independiente. También se mencionan a Roque Ordóñez y Gerardo Machado como posibles candidatos. Sin embargo, los analistas insisten: más allá de los nombres, el país necesita una renovación del liderazgo político con propuestas concretas y legitimidad social.
¿Qué está en juego? Una democracia agotada y la necesidad de reconstrucción
Para Salamea, Chacón y Barzallo, lo ocurrido en Cuenca es un reflejo de la crisis democrática nacional. El uso de la protesta con fines electorales, el debilitamiento de los espacios deliberativos y la ausencia de propuestas de largo plazo son síntomas de un modelo político en decadencia.
“La democracia se ha reducido a emociones y confrontaciones. Se ha perdido el debate programático”, concluye Salamea.
Cuenca se convierte así en un laboratorio político del Ecuador actual: con conflictos territoriales, fracturas sociales y estrategias electorales que podrían replicarse en otras regiones del país. El reto, según Barzallo, es reconectar la política con la ciudadanía, repensar la gobernanza y revalorizar la participación como principio, no como táctica.
