El 4 de septiembre del 2025 la Asamblea Nacional aprobó la Proforma del Presupuesto General del Estado 2025, que el presidente Daniel Noboa les remitió; no se hizo ninguna observación al documento y se recalcó que los indicadores se encontraban justificados, pero, no se mencionó que varios de los ingresos que se incluyeron no tienen sustento técnico.
Las observaciones a la proforma provinieron de la Revolución Ciudadana, aunque al final primaron los votos y se la aprobó pese a que asambleístas como Mónica Alemán observaron que la producción petrolera estaba sobrestimada, en la proforma se proyectaron 475 mil barriles diarios de petróleo, cuando desde hace meses no se supera los 370 mil barriles diarios.
“Son al menos 1.000 millones de dólares de ingresos sobrestimados, esto es engañarse y engañar al país”, afirmó Alemán, quien además observó que las autoridades que comparecieron a justificar la Proforma no explicaron cómo se incrementará la producción petrolera.
A esto se suma que en la Asamblea también se observó una sobrestimación en el precio del barril de crudo, que en la Proforma se lo ubicó en 62,20 dólares, cuando el promedio del 2025 llega a máximo 60 dólares.
Concesiones petroleras
Aunque no se ha conocido públicamente sobre el inicio de procesos de licitación de bloques petroleros, en la Proforma se incluyó por este concepto un ingreso estimado de 3.986 millones de dólares.
Se plantea un escenario en el cual el Estado ecuatoriano establecerá en el 2025, dentro de las condiciones contractuales, el cobro de un pago inicial (“upfront payment”) de la inversión total comprometida por cada concesión.
Además, se planifica la concesión de la Empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP Ecuador S.A.), lo que le generará al país un ingreso por 750 millones de dólares.
Al ser consultada sobre cómo se logrará concesionar los pozos y el OCP, en menos de cuatro meses que le quedan al año, Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, recalcó que la Proforma es referencial y que el Gobierno hará el esfuerzo por lograr la licitación, pero, si no lo logra, planifica llenar estos vacíos con deuda.
“El Gobierno hace todos los esfuerzos para que se haga realidad en esta Proforma, no obstante, si eso no pasa, el Gobierno cuenta con financiamiento de organismos multilaterales y sin duda las condiciones van mejorando, una vez que el Riesgo País ha bajado”, afirmó Jaramillo.
Acuerdo con las telefónicas
Otro tema del que el Gobierno no ha hablado y se desconoce si existen avances, pero igual se lo incluyó en la Proforma del 2025, es la renegociación de la concesión del espectro radioeléctrico con las empresas de telecomunicaciones.
Según la estimación incluida en la Proforma, el Gobierno planifica obtener 460 millones de dólares por la renegociación de la renovación de los contratos con las operadoras telefónicas.
Pero, este tema lleva cuatro años sin resolverse, el expresidente Lenín Moreno comenzó la renegociación de los contratos en agosto del 2021 y se acordó que se llegaría a feliz término en 2023, pero, no se ha llegado a ningún acuerdo.
Una Proforma que no se fiscaliza
Para el economista Javier Suárez el incluir ingresos inflados en la Proforma no solo es responsabilidad del Ejecutivo, sino también de la Asamblea Nacional, que no ha fiscalizado, ni los presupuestos, ni la ejecución de los gastos.
“Es cierto que el presupuesto es una base, que puede variar, dependiendo de muchos factores, pero eso no quiere decir que se puede jugar con las asignaciones; el problema es que en la Asamblea no se fiscaliza lo presupuestando y después no se fiscaliza lo que se ejecuta, al final tenemos presupuestos de los que no se sabe nada”, afirmó el experto.
¿De dónde sacará el Gobierno el dinero presupuestado sin sustento? Suárez cree que, como dijo la vocera, lo obtendrá con más deuda, pero, esto no será suficiente y seguramente repetirá lo que hizo en el 2024, reducir el gasto en salud y educación, áreas que el año pasado recibieron 2.000 millones menos.
“El Gobierno tiene la obligación constitucional de aumentar el 0,5% del gasto en salud y educación cada año, lo hace en la Proforma, pero, luego no cumple, la promesa se queda en el papel; igual pasa con la inversión pública, se la incluye, pero, hasta agosto apenas se ha ejecutado el 30 % del Plan Anual de Inversiones”, afirmó Suárez.
