Tras aceptar a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 148, con el que el presidente Daniel Noboa llamó a consulta popular para instalar una asamblea constituyente, la Corte Constitucional (CC) suspendió los efectos de esta disposición.
Las cinco demandas colocadas en contra de la decisión del presidente de convocar a consulta popular sin previo control constitucional, se presentaron con solicitudes de medidas cautelares. Estas fueron aceptadas la madrugada de este 20 de septiembre de 2025 y, en consecuencia, dispuso la suspensión provisional de los efectos del Decreto 148.
“Estas decisiones se adoptaron en estricto respeto de la Constitución y la ley, con el único propósito de prevenir que se produzcan efectos irreversibles que pongan en riesgo la democracia, el Estado de derecho y los derechos de participación de todas y todos los ecuatorianos”, aclaró la Corte en un comunicado.
Además, la CC se anticipó a las posibles acusaciones del primer mandatario y aclaró que “respetar la Constitución no significa un bloqueo entre instituciones ni de una confrontación política, tampoco se busca el limitar el pronunciamiento ciudadano sobre una posible modificación de la Constitución”.
“La Corte no es enemiga del pueblo. Nada más alejado de la verdad. Es guardiana de sus derechos y nuestro compromiso es con la Constitución, con la democracia y con los derechos de cada persona que habita el Ecuador”, se puntualizó.
La Corte continuará el análisis de las acciones de inconstitucionalidad presentadas, mientras, los efectos del Decreto 148, que implicaban la convocatoria a la consulta popular, quedarán suspendidos.
Amenaza de bomba
Mientras el Pleno de la Corte Constitucional analizaba las mencionadas demandas de inconstitucionalidad , la noche del 19 de septiembre, los jueces fueron desalojados por la Policía Nacional por una amenaza de bomba, la cual fue descartada.
“Este incidente, además de reprochable, evidencia la importancia de defender las instituciones y rechazar cualquier intento de intimidación que busque alterar el curso de la justicia y la democracia”, señaló la Corte. (I)
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