El Consejo de Educación Superior (CES) aprobó en primer debate, con seis votos a favor, un voto en contra y una abstención, la intervención integral de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), con sede en la parroquia Javier Loyola, cantón Azogues.
La institución universitaria rechazó la resolución, al considerar que la intervención debía ser una medida de última instancia.
Así se conoció este 13 de abril de 2026, tras la sesión del Pleno del CES que aprobó la moción con base en el informe técnico IT-CORTUE-2026-001.
La decisión se sustenta en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), al determinarse la concurrencia de las causales:
- Irregularidades administrativas que afectan el funcionamiento institucional
- Stuación de conmoción derivada de la irrupción de la fuerza pública en la universidad.
Presuntas irregularidades
El informe identifica problemas en la gestión interna, como:
- La inexistencia de una unidad permanente para procesos disciplinarios,
- Fallas en los concursos de méritos y oposición —que incluso han derivado en sentencias en contra de la universidad—
- Deficiencias en el funcionamiento de centros de apoyo, señalados como posibles focos de uso ineficiente de recursos.
A esto se suma el allanamiento ejecutado en febrero de 2026 por Fiscalía y Policía, en el que se incautaron equipos informáticos de áreas estratégicas.
Según el informe, este hecho provocó afectaciones operativas y evidenció que la institución no pudo resolver internamente la situación, lo que configura la causal de conmoción institucional.
“Se verifica un estado de conmoción por lo sucedido. Los funcionarios han mencionado su incomodidad e incertidumbre al no poder reanudar normalmente las funciones de las unidades intervenidas por cuanto los aparatos tecnológicos continúan en poder de Fiscalía y además existe falta de confianza en los procesos en desarrollo”, señala el informe.
Intervención integral
Con estos elementos, el CES recomendó:
- La intervención integral
- La aplicación de un procedimiento excepcional al denotarse situaciones de violencia que atentan contra el normal funcionamiento institucional
- Suspender las facultades de las máximas autoridades de la UNAE
Votación
La moción fue presentada por Fidel Márquez, presidente del Consejo de Educación Superior; y respaldada por Ramiro Torres, viceministro de Educación Superior (e), y José Luis Torres.
La votación fue la siguiente:
- Margoth Astudillo: a favor
- Pablo Beltrán: a favor, con voto motivado.
- Fidel Márquez: a favor
- Paúl Medina: abstención
- Silvia Ordóñez: a favor
- José Luis Torres: a favor
- Ramiro Torres: a favor
- Catalina Vélez: en contra
Entre los votos favorables, se argumentó que la decisión responde a informes técnicos y jurídicos y que la intervención tiene carácter temporal y preventivo para proteger a la institución.
Sin embargo, durante el debate surgieron cuestionamientos.
La consejera Catalina Vélez sostuvo que no identifica con claridad causales de violencia o conmoción que justifiquen una medida de este tipo y advirtió que la intervención debe ser la última instancia, tras procesos de acompañamiento que —según indicó— no se han aplicado.
“Hoy 13 de abril es el Día del Maestro en el Ecuador y es una paradoja dolorosa, por no decir una ironía histórica, que mientras en este país se rinde homenaje a quienes sostienen el futuro de la nación en el aula, el Consejo de Educación Superior ponga sobre la mesa la intervención de la Universidad Nacional de Educación. Es un golpe al corazón de la formación docente”, aseguró.
Asimismo, planteó que la UNAE, como única universidad pública orientada a la formación docente —especialmente en sectores rurales—, requiere fortalecimiento institucional antes que una medida de intervención.
Respuesta de la UNAE
Tras la resolución del Consejo de Educación Superior, la Universidad Nacional de Educación rechazó la intervención.
La universidad sostiene que la medida no puede adoptarse de forma inmediata sin haber agotado mecanismos de seguimiento y acompañamiento.
Afirma que sus actividades académicas y administrativas se desarrollan con normalidad.
La administración actual —en funciones desde enero de 2026— asegura que ha actuado con transparencia y que, lejos de encubrir irregularidades, promovió acciones ante autoridades competentes para esclarecer hechos de conocimiento público. Esto, en referencia al allanamiento ocurrido en febrero.
“La Universidad Nacional de Educación ejercerá con firmeza y dentro del marco constitucional y legal, todas las acciones que correspondan para defender su institucionalidad, precautelar su autonomía universitaria y resguardar los derechos de su comunidad”, indicó en un comunicado.
Asimismo, el Consejo Superior Universitario respaldó a las autoridades de la UNAE con base en la defensa de la autonomía universitaria. (I)
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