La reciente aprobación de reformas al Código de la Democracia por parte de la Asamblea Nacional ha generado una alerta legítima entre organizaciones de mujeres y actores políticos. Aunque el debate público se centró inicialmente en la modificación del método de asignación de escaños —pasando de Webster a D’Hondt—, la atención ha girado hacia un aspecto que podría implicar retrocesos en materia de representación de género: el debilitamiento del principio de paridad y alternancia en las candidaturas.
Algunos legisladores y colectivos señalan que estos cambios no formaron parte del cuerpo legal originalmente discutido y que fueron incorporados en las etapas finales del proceso legislativo. Desde esta perspectiva, argumentan que la falta de debate amplio sobre los artículos que afectarían los mecanismos de paridad justifica la reacción tardía de varios actores políticos y sociales. La preocupación se amplifica por el hecho de que estos ajustes podrían disminuir la participación efectiva de mujeres en cargos de elección popular.
Si bien es cierto que las reformas aprobadas contaron con una mayoría amplia en el legislativo, también es válido esperar un análisis riguroso del contenido aprobado en su totalidad. Los mecanismos de paridad no son simples cuotas, sino herramientas que han permitido una representación más equitativa en un sistema históricamente desigual. Retroceder sin discusión técnica ni diálogo plural podría afectar la confianza en el proceso legislativo y en las garantías democráticas que el país ha construido.
Este es un momento para revisar con responsabilidad los textos aprobados y abrir los canales institucionales que permitan corregir posibles omisiones o desequilibrios. La representación política no debe ser un terreno de retroceso, sino una oportunidad constante de mejora. Legislar sin las mujeres —o contra ellas— es legislar contra la democracia.
