La intermediación es una forma legítima de gestión cuando se dan conflictos entre partes y hay que recurrir a terceros para facilitar algún entendimiento y superarlos. Hay casos en los procedimientos jurídicos en que se recurre a estas acciones para lograr acuerdos que eliminen sanciones. Creen algunos que los mejores jueces son los que facilitan estos procedimientos que los que más sentencias den. Al margen de lo legal, en la vida común también se puede recurrir a intermediarios para que faciliten gestiones complejas ahorrando tiempo. La corrupción no tiene fronteras y esta actividad legítima y positiva puede ser objeto de acciones ilícitas para cobrar por procedimientos, agilitándolos, como ha ocurrido con la obtención de pasaportes.
Necesariamente en la gestión pública deben seguirse procedimientos para garantizar el orden y el trato igualitario. Un principio básico en esta problemática es simplificarlos en la mayor medida posible y recurrir a empleados debidamente entrenados para salir adelante con rapidez. La complicación de gestiones mediante una burocratización excesiva es un grave defecto cuyas consecuencias las sufren, en mayor grado, los ciudadanos comunes. Aparecen entonces los “intermediarios” que, cobrando por sus “gestiones”, agilitan estos procesos. Con frecuencia hay “acuerdos” entre los intermediarios y empleados públicos para tornar eficiente esta intermediación.
La intensidad de la corrupción del sector en los últimos tiempos ha llevado a que la mayoría de ciudadanos crean que debe combatirse por todos los medios y se sientan frustrados por falta de resultados esperados. Nadie discute que una medida es la sanción a los que han cometido estos actos, pero deben tomarse medidas para evitar estos casos y una de ellas es la simplificación de procedimientos. Adquirir pasaportes es un derecho ciudadano. No vemos razón para que se complique esta gestión y demore innecesariamente su entrega, abriendo las puertas a estos corruptos intermediarios.
