Armas de los delincuentes pasarán a los uniformados

Con la pregunta J ahora las armas que sean decomisadas a la delincuencia podrán ser usadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.)

Militares presentan a detenidos con armas sobre una mesa.
Las armas de la delincuencia podrán ser utilizadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Esta es la octava entrega de un seriado de análisis sobre cómo se aplicará cada una de las nueve preguntas que recibió el sí en el Referéndum y Consulta Popular 2024. Con la pregunta J ahora las armas de los delincuentes pasarán a los uniformados.

¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, balas o accesorios… material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas?

Esta fue la pregunta J o 10 de este plebiscito, cumplido el último 21 de abril, que recibió la aprobación ciudadana con un 64,06 % frente a un 35,94 % de desaprobación.

Reforma al COIP para que armas de delincuentes pasen a uniformados

Pablo Moreno, abogado de la firma Moreno y Asociados, e investigador en derecho penal, explicó que para cumplir con lo que determina esta pregunta se debe cambiar el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Detalló que una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncie el triunfo del sí en esta pregunta, el Ejecutivo tendrán cinco días para enviar a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma al COIP.

De allí el Legislativo tendrá un plazo de 60 días para debatir y aprobar esta propuesta, con lo que se dará cumplimiento a la voluntad de la población expresa en las urnas.

No obstante, Moreno aclaró que es necesario que se establezcan reglas claras y aplicables para hacer efectivo el traslado de las armas de los delincuentes a los policías y militares.

“Muchas de esas armas quedan en cadena de custodia para investigación de delitos, son prueba, y pueden servir para lograr la sentencia de una persona, por lo tanto, hay que cuidar este proceso…”, indicó.

Comiso penal de armas se establece en el COIP

Moreno explicó que el COIP en la actualidad contempla la pena de comiso penal a los bienes (armas) cuando estos hayan sido instrumentos, productos o réditos en la comisión del delito. 

Para Moreno hay que reformar el proceso para el comiso de armas, con el objetivo de que se pueda disponer de las armas, sus partes o piezas, explosivos y balas en tiempos menores.

De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, hasta el 31 de diciembre de 2023 había 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones en los centros de acopio de evidencia de la Policía Nacional.

Armas que antes eran destruidas pueden pasar a los uniformados

Marco Rivera, exsargento de la Policía Nacional y abogado en libre ejercicio, detalló que en 2023 las Fuerzas Armadas (FF.AA.) destruyeron 4.566 armas letales y no letales.

“La propuesta de que estas armas vayan a policías y militares no es un tema nuevo, pues hace casi una década ya hubo un planteamiento, pero este quedó en el camino…”, señaló.

Para Rivera, esta modificación en el COIP incluso ayudaría a que las fuerzas del orden estén mejor equipadas para enfrentar a los delincuentes y redes criminales.

“Hemos visto, por ejemplo, que es tan necesario que tanto policías como militares deben contar con un buen stock de municiones para que puedan hacer prácticas y tener un buen entrenamiento…”, enfatizó.

Advirtió asimismo que de entrar en vigencia el cambio en el COIP el estado debe garantizar capacitación actualizada para los uniformados para operar las armas con efectividad.

COIP establece sanciones para la tenencia y porte de armas

En el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establece que la tenencia de armas de fuego consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma que puede estar en determinado lugar.

La persona que tenga armas de fuego sin autorización de una autoridad competente puede recibir una sanción de seis meses a un año de cárcel.

En esta norma asimismo consta que el porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente dentro de una jurisdicción definida, para lo que se requiere autorización del Estado.