Para estar acorde con el nuevo Código de la Democracia que fue aprobado el pasado miércoles en la Asamblea Nacional (Legislativo), en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se abrió el debate sobre el reglamento que deberá aprobarse en el pleno para dar aplicabilidad a los 180 artículos de la ley que fueron reformados. La normativa legal vigente desde 2012 tiene 393 artículos.
El consejero Luis Verdesoto dijo que lo más importante de la reforma es haber suprimido la votación entre listas. Además, se podrá contar con un registro de donantes, una limitación al gasto en función del año anterior, y a través de un sistema de bancarización en coordinación con el Servicio de Rentas Internas (SRI) se podrán tener informes cada 15 días para evitar transferencias a cambio de prebendas.
Para ser candidato a asambleísta, el postulante no solo deberá haber vivido en esa circunscripción los dos años previos a la elección, sino haber sufragado en la última elección. Verdesoto agregó que los reglamentos deberán ser elaborados en conjunto con los partidos políticos y la sociedad civil para “evitar que la mayoría del CNE aplaste con sus votos el espíritu de lo aprobado en la Asamblea”.
Pero el vocal José Cabrera, señaló que uno de los acuerdos previos es que, durante los comicios las papeletas en blanco sean “mutiladas”, y anunció que una vez que las reformas se publiquen en el Registro Oficial, el pleno aprobará el calendario electoral para que las elecciones se realicen en
Otro de los cambios al Código de la Democracia es el reemplazo del sistema D’Hondt por el Webster para la asignación de escaños con lo que, según Cabrera, se garantiza mayor democracia.
Los dignatarios que se postulen a la reelección no estarán obligados a pedir licencia sin sueldo desde el momento de la inscripción de la candidatura, por el contrario, deberán hacerlo desde el inicio de la campaña electoral. La reforma incentiva las alianzas, a través de la asignación equitativa de fondos para la promoción electoral.
En 120 días el CNE deberá realizar una auditoría del registro electoral, y en 180 días, una auditoría a su sistema informático para conteo de votos y resultados. También en 120 días realizará una auditoría independiente al sistema de validación de firmas para la legalización de partidos y movimientos políticos. La Contraloría creará una unidad para el control del financiamiento y gasto electoral. Además, en 180 días se deberá crear una unidad complementaria antilavado para evitar que se vuelvan a repetir casos como el denominado “Arroz Verde” que salpica a Alianza País (AP), agregó Verdesoto. (SCC)-(I)
