Tras la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a favor de los movimientos Justicia Social y Podemos, en la que se descartó el pedido de la Contraloría y la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de eliminarlos por irregularidades en la entrega de firmas para su inscripción, se retomó el proceso para la inscripción de candidaturas de estas organizaciones políticas, que junto a las objeciones que podrían recibir, involucrarían hasta un mes más de retraso, lo cual preocupa al organismo electoral, pues el plazo para la impresión de papeletas, se agota.
Según señaló Diana Atamain, presidenta del CNE, los 15 días que le otorgaron a Justicia Social para la realización de sus elecciones internas y la inscripción de candidaturas es el tiempo máximo que se podrían extender el proceso, pues de lo contrario se debería aplazar la impresión de papeletas, que debía iniciar a finales de este mes.
Sin embargo, el atraso al parecer es inevitable, pues el movimiento Justicia Social ha solicitado más tiempo para realizar su proceso de democracia interna, además, la decisión de devolverle la vida jurídica a este movimiento fue objetada ayer por el Partido Social Cristiano y por el movimiento CREO, el pleno del CNE tendrá hasta mañana para decidir sobre esta apelación, pero si este tema llega al TCE, este organismo tiene 15 días adicionales para emitir sentencia.
“Nosotros hemos dado estos plazos para la inscripción de candidaturas y para la realización de primarias calculando los tiempos precisos para salir con la impresión de papeletas con todas las candidaturas, si esto se demora, podría traer complicación en la impresión, pues son dos movimientos que si no están en firme no podríamos enviar la información al IGM”, dijo Atamaint.
Por su parte ayer Sylka Sánchez, representante de Justicia Social, informó que inscribieron la candidatura del empresario Álvaro Noboa para la presidencia de la República, este sería su sexto intento por llegar a Carondelet.
La organización política que auspicia a Noboa fue creada por Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, sentenciada por el caso Sobornos. El expresidente del Colegio de Abogados del Guayas es investigado por tráfico de influencias, por haber recibido casi medio millón de dólares en coimas por parte de Odebrecht. Además, en la sentencia del caso Sobornos se recomendó investigarlo por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y testaferrismo.
