Tras 93 días de disputa entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la inscripción de las candidaturas del movimiento Justicia Social, que buscaba auspiciar el sexto intento de Álvaro Noboa por llegar a Carondelet, finalmente el organismo a cargo de organizar las elecciones decidió trasladar el dilema a la Corte Constitucional (CC), que deberá esclarecer las competencias de cada una de estas instituciones.
Según el pleno del CNE, las decisiones del TCE a favor de Justicia Social, que ordenó que se les permita realizar elecciones internas e inscribir candidaturas, han interferido con las competencias privativas del CNE, “poniendo en riesgo la fecha de posesión de las nuevas autoridades que se elegirán el próximo 7 de febrero de 2021”.
Enrique Pita, vicepresidente del CNE, planteó, en una entrevista en Teleamazonas, que esta divergencia podría llevar a la necesidad de mover la fecha de la primera vuelta una o dos semanas, hasta que la CC se pronuncie.
Mientras la CC no se pronuncie, la candidatura de Noboa y de asambleístas de Justicia Social en varias provincias no se podrán registrar, pero el tiempo corre y el próximo 30 de diciembre vence el plazo para la calificación de postulaciones, por lo que la divergencia debería ser resuelta antes de 15 días, lo cual, según explicó el constitucionalista Ismael Quintana, es prácticamente imposible.
“Para la Corte el asunto electoral no es un tema prioritario y no van a meter el pie en el acelerador es así como, en los hechos, la resolución de ayer implica prácticamente dejar sin posibilidades de calificación a Álvaro Noboa, porque hasta que se resuelva esto, ya pasarán las elecciones”, explicó Quintana.
Según el jurista, la CC tiene un historial de resolución de casos de conflicto de competencias que va de tres a cinco años, el último pedido ingresado por el CNE en contra del contralor Pablo Celi en junio pasado, precisamente por la exigencia del órgano de control de eliminar a cuatro organizaciones políticas, entre estas Justicia Social, todavía no ha sido analizado.
¿Qué futuro tiene el pedido del CNE ante la CC? Quintana está prácticamente seguro de que será desestimado, con lo cual concuerda el exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, quien puntualizó que en la divergencia específica sobre Justicia Social ninguno de los dos organismos electorales tiene la razón, pues los dos han sobrepasado los plazos establecidos por la ley para la etapa de inscripciones.
“Los dos están trabajando fuera de la ley, porque ya se terminaron los plazos para presentar solicitudes de inscripción, se acabaron todos los términos establecidos en la ley. El TCE no se ampara en ninguna ley para ampliar los plazos para que Justicia Social realice democracia interna y nuevas inscripciones de todas las candidaturas y eso pone en serio riesgo en todo el proceso. Luego vemos un CNE que se niega a tratar el tema. Los dos están poniendo en riesgo el proceso electoral”, afirmó Oleas.
Acciones por seguir
La misma noche del lunes, cuando el pleno del CNE decidió transferir su pugna con el TCE a la Corte Constitucional, Sylka Sánchez, vocera del empresario Álvaro Noboa, anunció que presentará una denuncia por infracción electoral en contra de los cuatro consejeros que votaron a favor de elevar el pedido a la instancia constitucional, pero el caso también será llevado a la justicia ordinaria e incluso a instancias internacionales,
“En la sentencia ya se les advirtió que, si no acatan la sentencia del TCE, que es juez de última instancia, estarían incurriendo en un delito penal y se deberá denunciarlos ante la Fiscalía por el artículo 282 del Código Integral Penal, que es el incumplimiento de orden de autoridad competente. En este caso la Corte Constitucional no tiene nada que hacer y no nos vamos a prestar para el circo de ir a tratar el tema allá”, dijo Sánchez.
Previamente Arturo Cabrera, presidente del TCE, coincidió que los vocales del CNE podrían ser procesados a nivel electoral, por pedido de la organización política afectada, pero también en el ámbito penal, por no acatar su sentencia.
