Aunque se prestan a varias interpretaciones y hasta de que no sean del todo creíbles frente a la realidad que se palpa en el día a día, los resultados de la Encuesta Nacional del Empleo, Desempleo y Subempleo, elaborada por el INEC, son más que preocupantes.
Más de 650 mil personas perdieron su empleo pleno en 2020. La mitad de la población rural del país vive con menos de dos dólares al día. La informalidad creció al 51,1 %. Más de 5 millones de ecuatorianos están en el subempleo, y sobre los 400 mil están sin trabajo.
Pueblos y ciudades, grandes y pequeñas, están abarrotadas de informales, de migrantes venezolanos, de gente que claman por un trabajo, incluido los jóvenes aunque tengan títulos de cuarto nivel.
La pandemia profundizó la cruda realidad, antes opacada por la desinformación oficial, la propaganda, y la sensación de bonanza económica producto de la altísima y poca servicial burocratización del Estado.
Súmese el endeudamiento del país en más de 65 mil millones de dólares, el déficit fiscal que bordea los 8 mil millones de dólares, las deudas internas del Estado con sus propias instituciones, la casi nula inversión extranjera, las pocas certezas que hay sobre el plan de vacunación para vencer a la Covid-19, más la incógnita que genera saber quién mismo (o por medio de quien) gobernará al Ecuador.
De hecho, ahora mismo nadie querrá invertir hasta que no se despeje esa incógnita. Sube el índice del riesgo-país; los ingresos al Estado tampoco son los mismos, y los cada vez menos que entran al IESS hacen tambalear sus finanzas.
Es necesario que la Encuesta del INEC sea parte del debate entre los dos candidatos finalistas. Hay que exigirles soluciones prácticas, creíbles, acordes a la luz de la realidad social y económica del país. No es tiempo para ofertas populistas, de ganar votos por ganar, o de asomar simpáticos en redes sociales.
Sobre todo, los ecuatorianos, informándose bien, dejando de discutir cosas fatuas, deben procesar esa realidad pensando en sí mismo, obvio; pero más por el país.
