Sofía Almeida deja las instalaciones del Consejo de Participación, en donde permaneció una semana

Quito, 10 de febrero e 2022. Rueda de prensa por parte de la presidenta del CPCCS Sofía Almeida, para hablar sobre su situación en el cargo. API/Juan Ruiz CÓNDOR
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La noche del miércoles 16 de febrero del 2022, Sofía Almeida dejó las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tras permanecer ahí desde el 9 de febrero, cuando los consejeros de mayoría la removieron de su cargo como presidenta.

El Consejo de Participación informó en sus redes sociales que Almeida y el grupo de personas que pernoctaron en las instalaciones del edificio se retiraron voluntariamente. La acompañaban los consejeros David Rosero, quien fue removido de su cargo de vicepresidente, y Javier Dávalos.

Una noche antes, la Fiscalía allanó las instalaciones del Consejo para «recabar evidencia documental, física y digital, tras haber recibido una denuncia por un presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos».

Ministra de Gobierno: “No esperen que el Gobierno les dé resolviendo sus problemas”

Allanamientos; convocatorias de los consejeros, de la ministra de Gobierno y del comandante de la Policía a la Asamblea Nacional; ruedas de prensa fallidas; anulación de una medida cautelar, son actos que han ocurrido solo en las últimas 24 horas en la disputa por la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

En la comparecencia a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, Alexandra Vela, ministra de Gobierno, deslindó al Régimen de Guillermo Lasso de esta disputa, afirmó que la intervención policial del pasado miércoles no buscaba respaldar a ninguno de los dos grupos y les pidió que ellos mismo, sin intervención de nadie, resuelvan sus problemas.

“No deben esperar, de ninguna manera, que este Gobierno les dé resolviendo los problemas que deben resolver en una mesa mediante el diálogo y de acuerdo con las normas legales”, les puntualizó la ministra a los consejeros de Participación Ciudadana.

Sin embargo, la ministra señaló que como Ejecutivo son conscientes de que en el CPC existe una nueva mayoría, que ha elegido un presidente, lo cual será respetado por el Gobierno, para garantizar la independencia de funciones y la seguridad del Consejo.

Vela, al igual que Carlos Cabrera, comandante general de la Policía Nacional, explicaron que el resguardo policial que se brindó el pasado miércoles, cuando Sofía Almeida fue removida del cargo de presidenta del CPC y reemplazada por Hernán Ulloa, obedeció a varias denuncias que se hicieron al ECU 911 en las que se anticipó sobre posibles desmanes en los exteriores de la institución.

Sin embargo, Cabrera reconoció que Ulloa le llamó directamente para pedirle el resguardo policial, aunque el comandante aclaró que lo hizo en calidad de consejero y no como presidente, pues este cargo lo asumió pasado el mediodía.

Varios de los asambleístas criticaron que mientras en el país impera la inseguridad, se hayan destinado 25 policías para el resguardo de un edificio en el que finalmente no se produjo ningún desmán, pero las autoridades puntualizaron que los uniformados eran parte de Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), es decir especializados en antidisturbios.

Por su parte los consejeros de mayoría, liderados por Hernán Ulloa, en sus comparecencias insistieron en los discursos que han manejado desde que destituyeron a Almeida: la arbitrariedad con la que ella manejaba el pleno, el silenciamiento y la expulsión de las reuniones, la suspensión sin justificación de más de 14 sesiones.

Anulada medida cautelar

En su comparecencia en la Asamblea, Ulloa dio una primicia: la medida cautelar presentada por Almeida, con la que logró frenar un primer intento de destitución, había sido archivada por el juez Ronald Cevallos, quien acogió la acción de protección presentada por el nuevo presidente del CPC.

Pero la asambleísta Nathalie Viteri le pidió a Ulloa analizar su “primicia”, pues si la medida cautelar a favor de Almeida fue archivada recién ayer, su remoción no habría sido ilegal.

Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión, recalcó que el traslado de este problema al área judicial ha desencadenado en la vulneración a la seguridad jurídica del país, pues se han impuesto acciones legales una sobre otra, lo cual no se podía hacer, puntualizó que la divergencia solo se resolverá en la Corte Constitucional. (I)
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