Con la convocatoria realizada por el Consejo Nacional Electoral, arrancó oficialmente el proceso para renovar los gobiernos autónomos descentralizados (GADs), el cinco de febrero entrante a un costo calculado en cien millones de dólares. No habrá cambios en el código de la democracia, pese a sus numerosas incongruencias que requieren urgente revisión, especialmente la cantidad de partidos y movimientos políticos, pues los 279 existentes y otros ciento en proceso, constituyen el principal factor para la mediocridad de los candidatos.
No esperemos entonces avances significativos en provincias, cantones y parroquias. Aún más cuando persisten las dudas sobre el papel de las prefecturas, que atienden a los sectores rurales, lo cual está asignado a los concejales designados por los mismos. Añadamos a esto varios informes de Contraloría que no han sido corregidos, determinando que los municipios desperdician hasta el 90% de los presupuestos fiscales participativos, cuyo manejo también es poco transparente, según muestran estudios académicos realizados en Azuay, por ejemplo. Ellos deberían autogestionar recursos mediante los instrumentos legales disponibles, pero no lo hacen generalmente por motivaciones políticas y electorales.
Contexto seccional que contribuye a deteriorar la democracia aquí y en el continente, calificada ahora como la peor desde el 2006, pasando de “democracia defectuosa” a “régimen híbrido”. Su mayor incidencia es el debilitamiento de las instituciones, que varios líderes electos intentan fortalecerlas aplicando mano dura, lo cual disgusta a grupos generalmente pequeños pero con poder de convocatoria.
Reitero en cualquier caso que la mayor responsabilidad democrática corresponde a los ciudadanos, pues cada GAD tendrá las autoridades que se merece. (O)
