La provincia del Azuay, concretamente Cuenca y Girón por ser áreas directas de influencia, viven en constante preocupación por la pretendida explotación minera a mediana escala.
Los proyectos Río Blanco y Loma Larga son una bomba de tiempo. Su desactivación, lejos de ejecutarse, se reactiva cada vez más.
Río Blanco está suspendido desde 2018 por orden judicial. Estuvo en plena etapa de explotación a cargo del consorcio chino Ecuagoldmining.
La oposición de grupos antimineros, incluso con acciones de fuerza, prácticamente imposibilitó ese trabajo.
Ante tales circunstancias, el consorcio demandó al Estado por la falta de garantías. En términos económicos, no se trata de una demanda cualquiera.
Pero los conflictos siguen. Cada vez se tornan más graves. Los túneles y bocaminas abiertos atraen a los mineros ilegales.
Hay enfrentamientos hasta con armas de fuego y quema de maquinarias. Y pueden seguir escalando si el Estado no ejerce el control necesario.
Los antimineros, según expresan, impiden el ingreso de los ilegales, pero en ese forcejo sobrevienen los ataques. Las consecuencias son impredecibles.
El país conoce el poder de la minería ilegal. Tiene recursos económicos -algunos de dudosa procedencia-, padrinos políticos, fuerzas de choque. La protección ambiental no le importa.
¿Cuál es la solución a tan gravísimo, pero gravísimo problema social, medioambiental, legal, económico?
Insistimos: el oro existente en las entrañas de esos páramos será el foco de atracción de los grupos mineros informales. No hay razón para engañarse y echar el bulto.
El Loma Larga es el otro conflicto. Sumido en una lucha legal no hay forma de cómo encontrar una salida.
Los resultados favorables de las consultas populares en contra de la minería son otra discusión. El dictamen de la Corte Constitucional sobre desde cuándo aplicarlos es interpretado según se esté o no acuerdo con la actividad minera.
Demasiado se espera para resolver con entereza esos conflictos.
