En los últimos días el Presidente de la Judicatura reclama recursos económicos
al Gobierno dada la crisis que enfrenta el sistema judicial, el Gobierno
respondió que la ejecución presupuestaria del Consejo de la Judicatura fue
mínima, la pugna podría resolverse a través de una acción de protección, un
tanto singular, presentada por su titular.
Sin embargo, los problemas son más graves, la corrupción y el abuso de
garantías constitucionales como el habeas corpus que han dado como
resultado la liberación de peligrosos delincuentes sentenciados por el sistema
procesal penal hacen que la confianza ciudadana sea nula y la inseguridad
ciudadana crezca dada la impunidad. Este asunto no se resuelve con recursos
económicos, sino con criterios claros y precisos de aplicación de las acciones
constitucionales, capacitación y depuración judicial.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia
Internacional, Ecuador se ubica en el puesto 117 de 180 países evaluados en
2021. Se requieren mecanismos de integridad, políticas de prevención y
combate a la corrupción. Las políticas de protección a los funcionarios
judiciales que tienen que tramitar casos vinculados al crimen organizado-
narcotráfico presentes en el país deben ser establecidos a través de un modelo
de atención para la seguridad del funcionario judicial.
Por otro lado, la falta de independencia del sistema de justicia es un riesgo
siempre presente y a esto se sumaron las pugnas internas. La falta de
designación del Presidente del Consejo de la Judicatura, se volvió un
verdadero galimatías jurídico por asuntos políticos, y dio como consecuencia la
destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana por parte
de la Corte Constitucional.
Hoy hay cientos de miles de causas rezagadas en todo el país, lo cual
representa una carga muy elevada para un sistema judicial que no cuenta con
la cantidad de judicaturas necesarias, soluciones tecnológicas, modelos de
gestión procesal, políticas de modernización para enfrentar la crisis del
sistema judicial y capacitación y facilidades para que todos desempeñen sus
funciones de manera efectiva. En fin, la crisis del sistema judicial es mucho
más que un problema de presupuesto. (O)
