Qué difícil representar a un gobierno con tan poca popularidad. Ese fue uno de los desafíos que enfrentó el gobernador del Azuay saliente, Matías Abad. Anunciada su salida, junto con la renuncia de su equipo cercano, se hace necesaria la reflexión sobre una gestión de cerca de dos años, durante un momento de complejidad política, económica y social.
La Gobernación como principal espacio de representación del poder Ejecutivo en la provincia, tiene la responsabilidad de articular la política pública orquestada desde el Ministerio de gobierno, y organizar la presencia gubernamental en el territorio. Es decir, el gobernador debe atender no solo lo que sucede en la vía a Guayaquil o Machala, sino también los acontecimientos en la cárcel de Turi, indistinto de las respuestas de cada ministerio. La gobernación se convierte en puente y catalizador de las preocupación de una población que siente el abandono y la frustración de promesas incumplidas.
En el contexto de un gobierno nacional con baja credibilidad y popularidad, contar con una gobernación local que tenga apertura, trato respetuoso y cercanía ha sido una herramienta valiosa para la administración de Matías Abad, y quizá su principal virtud. Sin embargo, los tiempos no fueron suficientes para poder dar soluciones adecuadas ante la diversidad de dificultades que se presentaron y las barreras que no cedieron en Carondelet.
Las ofertas entregadas y las promesas incumplidas terminaron por desgastar la credibilidad y la posición del representante local, lo que finalmente le ha pasado factura al ahora ex gobernador. Su salida obedece, entre otras cosas, a la necesidad de refrescar filas e interlocutores. Sin embargo, esto no servirá de nada si no se cambia la relación entre el Ejecutivo y la representación local. Es necesario actuar con coherencia, cuidando la vocería local y siendo fiel a la palabra empeñada. Estos serán los desafíos para la próxima administración en la Gobernación del Azuay: responder ante la apremiante necesidad en seguridad y vialidad, dos áreas de competencia del gobierno central, en las que las autoridades locales están obligadas a exigir respuestas y soluciones inmediatas.
