Guillermo Lasso emitió un decreto – ley de carácter económico urgente con el que propone solución a las deudas que los estudiantes tienen con la Senescyt
El tercer decreto – ley emitido por el presidente Guillermo Lasso, durante este tiempo que gobierna sin la Asamblea Nacional, está encaminado a dar un alivio a quienes enfrentan un proceso coactivo por un crédito educativo que, sobre todo por la difícil situación económica que enfrenta el país, no lo han podido cancelar.
“Les entendemos muy bien a las 6.000 familias afectadas, por eso estamos condonando intereses y capital, ampliando el plazo para el pago. El Gobierno les ha escuchado, ha planteado la solución, ahora está en la Corte Constitucional aprobarlo para facilitar la vida de estos ecuatorianos”, afirmó el presidente Guillermo Lasso durante la presentación de la propuesta.
El objetivo de la medida también es incentivar al pago de los montos pendientes; según la información proporcionada por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) la cartera vencida de la institución asciende a USD 69’458.421.
De esta cantidad, solo USD 20’884.883 corresponde a personas que cuentan con convenios de pago, mientras que USD 48’573.538 son deudas vencidas que no están en proceso de cobro.
Se amplían las garantías
En el argumento del decreto – ley se señala que uno de los inconvenientes para la renegociación de las deudas es que solo quien cuenta con una garantía hipotecaria puede acceder a un convenio de pago, esto se cambia con la propuesta de ley, que amplía los techos para acceder a este beneficio con una garantía personal.
Si la reforma se aplica, una persona podrá renegociar la deuda vencida de hasta USD 45.000 con la firma de dos garantes y solo a partir de este monto necesitará una garantía hipotecaria.
Condonación de la deuda
La deuda, el capital, lo intereses, las multas y los recargos les serán perdonados a las personas con discapacidad, el porcentaje de condonación dependerá del grado con el que hayan sido calificados por el Ministerio de Salud.
La condonación total se aplicará a todas las personas que tengan una discapacidad definitiva igual o superior al 76%, que, según los registros de la Senescyt, son 84 personas, que adeudan un total de USD 363.923.
Para el resto de las personas se aplicará una tabla que inicia en el 30% de discapacidad, que recibirá la condonación del 30% de su deuda; mientras que quien tengan una calificación de hasta 75% tendrá derecho al perdón de hasta el 60% de lo adeudado.
Perdón de multas, intereses y recargos
Una vez que la ley entre en vigencia, serán perdonados el 100% de intereses y recargos generados por las obligaciones de crédito educativo que hayan vencido o por convenios de pago, se incluye interés por mora, multas, costas y gastos administrativos pendientes.
Sin embargo, este beneficio tiene una condición, la persona no puede volver a atrasarse en el pago de la deuda, si incumple con el pago por más de seis meses, quedará insubsistente la remisión y se cobrará todo lo adeudado.
Periodo de gracia
Andrea Montalvo, secretaria de la Senescyt, resaltó que uno de los principales beneficios que tiene la norma es el período de gracia de seis meses que se otorgaría a las personas que, al momento de la publicación de la ley no cuenten con empleo.
Gobierno defiende la urgencia
Durante la presentación del decreto – ley que otorga la condonación y reestructuración de los créditos educativos, el presidente Guillermo Lasso insistió en su pedido a la Corte Constitucional (CC), para que esta vez le dé paso a su propuesta, puntualizó que “ni siquiera la Asamblea Nacional” calificaba la urgencia de las leyes económicas, lo cual tampoco le compete a la Corte.
En el argumento del decreto – ley, el primer mandatario especifica que la aprobación de esta norma es urgente porque beneficiará a los estudiantes y sus familias, que se encuentran en una situación económica preocupante.
Sin embargo, se deja claro que solo el presidente de la República puede calificar la urgencia de un decreto – ley en materia económica, con lo que se observa la actitud de la CC, que rechazó la Ley de Inversiones, por no considerar que era urgente.
