No faltaba más. En la sala de monitoreo del Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca (CSC), de veinte pantallas apenas sirven tres; sólo hay dos personas para controlar más de 270 cámaras de video vigilancia.
No sólo eso: en esa sala se trabaja con un modelo de gestión de 2012; el software del CCS está desactualizado; tampoco hay un plan de seguridad.
La semana anterior, en el sector del estadio “Alejandro Serrano Aguilar” una mujer fue asaltada tras retirar dinero de un banco. El lunes nomás, en menos de dos minutos, por aquella misma zona de Cuenca los antisociales asaltaron un blindado. Robaron alrededor de USD 50 mil.
Todos los días se reportan asaltos, robos en domicilios, el ir y venir de microtraficantes, la ciudad se “enreja”, no hay patrullajes, en las “zonas rojas” la delincuencia hace de las suyas.
Y recién se dan cuenta las autoridades municipales competentes. Las anteriores, es de suponer, tampoco se preocuparon. Cuando la ciudadana, sintiéndose desprotegida, los reclama, se molestan.
Entonces sobrevienen las preocupaciones, cuando no el desespero, en especial al constatar la realidad descrita por ellas mismo.
Esto lo perciben los delincuentes y se sienten a sus anchas. Si ni siquiera los amilana los estados de excepción, como ocurre en otras ciudades bajo esa declaratoria.
Es cuando esas autoridades hablan de repotenciar la sala de monitoreo y videovigilancia del CSC, de actualizar el software, de implementar nuevos equipos y cámaras de identificación, de exigir patrullajes a la Policía Nacional, y hasta de donarle camionetas y motocicletas.
Si es así, en buena hora; pero ya. Diagnósticos y quejas son inútiles si las acciones no reemplazan a las palabras.
Los contribuyentes, al pagar los impuestos prediales cancelan la tasa de seguridad ciudadana. El CSC tiene un presupuesto anual de USD 3,8 millones.
Entonces, mal puede la sala de monitoreo estar en tan precarias condiciones. Inconcebible.
