Antichavista cuestiona el trabajo del fiscal que investiga las amenazas en su contra

La precandidata presidencial venezolana Delsa Solórzano cuestionó este jueves el trabajo del fiscal asignado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) para investigar las amenazas de muerte en su contra.

La precandidata presidencial venezolana Delsa Solórzano cuestionó este jueves 17 de agosto de 2023 el trabajo del fiscal asignado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) para investigar las amenazas de muerte en su contra y aseguró que se trata de un funcionario relacionado con casos considerados crímenes de lesa humanidad.

«Dejo constancia ante el país y ante el mundo de quién es ese señor fiscal 94, Renny Amundaraín, que es una persona que ha estado presente en muchos de los casos vitales, importantes, en materia de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad», dijo la antichavista durante una conferencia de prensa.

Solórzano, candidata a las primarias que la oposición celebrará, junto con otros 12 aspirantes, el próximo 22 de octubre, de cara a las presidenciales de 2024, denunció el sábado que recibió amenazas de muerte a través de Facebook, donde le escribieron insultos y mensajes intimidantes, en los que le aseguran que será asesinada por «las fuerzas colectivas del ELN (Ejército de Liberación Nacional)».

Tras la denuncia, el fiscal general, Tarek William Saab, informó de la designación del fiscal 94 nacional en materia de derechos humanos para investigar este hecho, decisión que fue respaldada este lunes por el presidente Nicolás Maduro, quien ofreció «toda la protección» a políticos opositores víctimas de amenazas.

Solórzano insistió en que el fiscal designado ha llevado varias investigaciones de casos considerados «crímenes de lesa humanidad«, y lo acusó de ser un «acosador de medios de comunicación social».

Reiteró que no acudirá a instituciones judiciales locales para denunciar las amenazas de las que es víctima, y señaló que su caso fue admitido en la Oficina de Atención a la Víctimas de la Corte penal Internacional, así como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde tiene una medida cautelar de protección que «sigue vigente».

La precandidata aseveró que esta amenaza no es la primera que recibe, y que tanto ella como su equipo de trabajo y otros precandidatos han sido amedrentados y agredidos físicamente en otras ocasiones en las que la Justicia venezolana no se ha pronunciado.

«El fin último de esa persecución no es otro que decirle a la gente que no va a haber primarias, o decirle a los candidatos que nos retiremos para evitar la realización de la misma», señaló la antichavista, quien reiteró que, pese a las amenazas, seguirá adelante con sus recorridos por el país. EFE