El 2023 se ha convertido en uno de los años más desafiantes para la economía ecuatoriana. Las proyecciones de crecimiento del PIB para este año fueron ajustadas por el Banco Central del Ecuador del 3,1% al 2,6%, debido a la desaceleración de las exportaciones petroleras, la volatilidad del barril del petróleo, y ahora el Fenómeno del Niño. Ante esta realidad, es imperativo que los sectores productivos y toda la población en su conjunto pensemos de manera responsable en alternativas que permitan al país enfrentar estos retos económicos que traerán un impacto social significativo.
Desde el sector productivo azuayo vemos a la minería bien hecha como una de las alternativas. En lo económico, en 2022, las exportaciones mineras registraron USD 2.775 millones, con un crecimiento del 32,64% frente al mismo periodo en 2021. Por lo que hoy la minería es el tercer producto de exportación no petrolera. Estos ingresos podrían ayudar al país a tener un crecimiento económico más sostenido en el tiempo.
Sin embargo, decisiones judiciales como el reciente fallo de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay sobre una acción de protección constitucional vinculada al proyecto minero Loma Larga, tiene efectos contrarios a los que requiere el Ecuador y más de 7 millones de personas que no cuentan con un empleo formal, ya que genera incertidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros, afectando directamente al desarrollo económico, la generación de oportunidades y la creación de plazas de empleo que puede producir esta industria para el país.
La industria minera es clave también para aportar a otras metas como la reducción del desempleo y de la informalidad. Tan solo en 2022 el sector generó 185 mil plazas directas e indirectas, sobre todo en las zonas rurales. Además, puede ayudar a reducir la migración en zonas rurales, como en el Azuay en donde este fenómeno sigue presente ante la falta de opciones de empleo. El proyecto Loma Larga generaría 1.200 plazas de empleo en la construcción, 500 en operación y 150 para el cierre de mina. El 80% de mano de obra será local. Y no sólo eso, el encadenamiento productivo y comercial que traerá beneficiarán también a estas comunidades.
El impulso a la industria minera legal también es la respuesta para combatir la extracción ilegal que contamina y perjudica a las comunidades. Esta actividad garantiza la regulación, supervisión y control para el cumplimiento de los estándares ambientales, el pago de impuestos y regalías al Estado.
El país está próximo a iniciar un nuevo periodo de gobierno. Es urgente que las autoridades, políticos, cámaras empresariales, academia, organizaciones de la sociedad civil y toda la ciudadanía promovamos una discusión responsable de la minería frente a los retos económicos y sociales del país. Por el país debemos dejar de politizar un tema tan técnico y asumir el desarrollo de esta industria de manera responsable. (O)
