Organizaciones de jubilados, pensionistas y afiliados se oponen al decreto que disminuye aportes al IESS por salud y deudas históricas.
A través del decreto – ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, enviado a la Corte Constitucional por el presidente Guillermo Lasso el pasado 5 de septiembre, el mandatario pretende eliminar los intereses por la deuda que el Estado tiene con Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y reducir el aporte para el tratamiento de enfermedades catastróficas; gremios de afiliados, jubilados y pensionistas realizan acciones para bloquear la medida.
Varias organizaciones que defienden los intereses del IESS y sus afiliados presentaron ayer, ante la Corte Constitucional, un amicus curiae, mecanismo con el que buscan ser escuchados en audiencia para exponer la inconstitucionalidad que el Gobierno pretendería cometer.
Gustavo Vallejo, dirigente del Partido Socialista Ecuatoriano, explicó que en el decreto el primer mandatario violenta varios artículos de la Constitución, principalmente el artículo 50, que establece que los gastos para la atención de pacientes con enfermedades catastróficas o de alta complejidad es de absoluta responsabilidad del Estado.
“Si la Corte acepta este decreto, tengan la seguridad de que los jubilados y pensionistas iremos hasta las últimas consecuencias y a una huelga de hambre, cualquier situación que ocurra en el futuro será culpa de la Corte Constitucional y del Gobierno nacional, por tratar de irse contra la Constitución”, afirmó Reynaldo Mendieta coordinador general de la Coordinadora por la Defensa de la Seguridad Social del Ecuador (CODSSE)
El artículo 28 del decreto establece que el Estado solo asumirá el 33% del costo de este tipo de enfermedades, el 67% restante lo deberán pagar los afiliados y los empleadores.
Esto, para Andrés Campaña, concejal de Quito que representa a los gremios, afectará el funcionamiento del Fondo de Salud, pues perderá los más de USD 200 millones que el Estado aporta por enfermedades catastróficas.
Aunque la medida propuesta por el Gobierno no le afecta, pues no se beneficia del IESS, para Juan Carlos Robalino, del Frente Nacional de Pensionistas de las Fuerzas Armadas, es importante defender el derecho de todos los jubilados, pues cree que corren el riesgo de que las reformas luego vengan en contra de ellos.
“Hemos trabajado toda la vida para tener una atención de salud digna, no pueden vulnerar nuestros derechos a través de decretos, vamos a defender al IESS, porque luego nos tocará al ISFFA”, afirmó Robalino.
Condonación de intereses
La disposición transitoria 35 del decreto – ley propuesto por el Gobierno también pretende eliminar el pago de intereses por la deuda que el Estado tiene con IESS por el aporte al 40% del Fondo de Pensiones, la cual, según cálculos de los gremios, superarían los USD 4 mil millones.
Sobre la decisión de no cancelar el Fondo de Pensiones ya se pronunció la Corte Constitucional en un anterior fallo del 2018, con el que echó abajo la decisión tomada durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa de eliminar este aporte y restituyó este derecho, sin embargo, entre el 2015 y el 2018, tiempo en que no rigió la obligación del pago, se estima que el IESS perdió más de USD 8.000 millones.
Disminución de recursos para educación y salud
Por su parte, la Unión Nacional de Periodistas (UNE) también manifestó su insatisfacción con la reforma que el presidente Guillermo Lasso pretende realizar, a través del decreto – ley, al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que significaría una reducción en los presupuestos a las áreas de salud y educación.
Según lo planteó Isabel Vargas, presidente de la UNE, la disminución del presupuesto para educación y salud se lograría al cambiar el método de cálculo, para que los incrementos se hagan en función al presupuesto ejecutado y no el codificado, lo que va a provocar que, año tras año, el monto asignado sea menor.
“Advertimos a los jueces de la Corte Constitucional que deberán decidir sobre el destino del decreto ley, que sus propuestas no son emergentes y, sobre todo, violentan la norma constitucional”, puntualizó Vargas.
