Según un testigo protegido, se pagó USD 200 mil a los sicarios de Villavicencio, además vinculó al correísmo.
El domingo 8 de octubre, justo el día en que terminaba la instrucción fiscal del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, la Fiscalía General del Estado confirmó que receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, quien, entre otras cosas, narró los preparativos del crimen y señaló que se pagó USD 200 mil a los sicarios por el ejecutar al político, también habló de quiénes dieron la orden de matarlo: puntó al correísmo.
“Además, señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen. Ante este hecho, y otros elementos recabados durante la Instrucción Fiscal, se iniciará una investigación para determinar a los autores intelectuales del delito», indicó la Fiscalía.
Según Christian Zurita, quien reemplazó a Villavicencio en la lid electoral, el testigo protegido que señaló la Fiscalía es uno de los procesados por el crimen, quien señaló como responsables del asesinato al Gobierno del expresidente Rafael Correa.
“Testimonio adelantado del único testigo que les faltó matar (y que se encontraba protegido) señaló bajo juramento que los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio es el «Gobierno de Correa». Ya está en el proceso, ya sabemos dónde buscar. Es su fin”, afirmó Zurita.
El valor pactado con los sicarios para acabar con la vida de Fernando Villavicencio habría ascendido a USD 200 mil, según confirmó Zurita, quien además señaló que el testigo protegido informó sobre un primer intento de asesinar al político, que se efectuó el 1 de junio pasado, durante una caravana en Santo Domingo de los Tsáchilas, el cual no se concretó.
Quien proporcionó esta información es uno de los trece detenidos por el asesinato de Villavicencio que sobrevivieron al intento de eliminarlos, lo cual se ejecutó entre el viernes y el sábado pasado, cuando siete procesados por este caso fueron envenados en la Penitenciaría del Litoral y en la cárcel de El Inca en Quito, los seis restantes debieron ser trasladados de prisión, pues también habían sido amenazados.
De forma inmediata, tras conocerse el comunicado de la Fiscalía, el expresidente Rafael Correa reaccionó en sus redes sociales y señaló que el intento de vincular a su Gobierno en el crimen obedece a una estrategia para impedir la victoria de su candidata presidencial, Luisa González.
“Se los dijimos: asesinaron a Villavicencio, retrasan un mes la indagación previa, matan a todos los sicarios excepto a uno, a quien tienen en un cuartel militar y lo hacen acusarnos el 10 de octubre, 5 días antes de las elecciones. Cualquier cosa con tal de impedir nuestra victoria”, afirmó Correa.
El mensaje de Correa fue una respuesta a uno emitido por Verónica Sarauz, esposa de Fernando Villavicencio, quien se dirigió a expresidente a través de su cuenta en la red social X, en la que le dijo: “Alístate porque vas a pagar por este asesinato. Tenemos el testimonio adelantado bajo juramento y te señalan a ti. Asesino”.
La Revolución Ciudadana, a través de un comunicado, se pronunció en la misma línea que Correa, se afirmó que se está utilizando políticamente el tema y se anticipó a señalar que el testigo protegido carece de pruebas para acusar a la organización política.
“El rechazo a la utilización proselitista y electoral de un hecho tan lamentable como el asesinato de Fernando Villavicencio, y tan sorprendente y aterrador como el asesinato de sus supuestos sicarios mientras estaban bajo el resguardo de la Policía y del SNAI en las diferentes cárceles del país”, afirmó la organización política.
Teoría del falso positivo
Actuales autoridades y exfuncionarios del correísmo también se activaron en redes sociales, en donde señalaron la escasa protección que se les brindó a los sicarios del candidato asesinado, pese a que se había alertado sobre las amenazas a su integridad, por lo que calificaron a la vinculación de la organización política en el crimen como un “falso positivo”.
En esa línea se pronunciaron los exasambleístas Ricardo Ulcuango, Mónica Palacios, Amapola Naranjo; además de actuales autoridades, incluida la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; y el alcalde de Milagro, Pedro Solines; y los medios de comunicación vinculados con el correísmo.
Falso positivo es un término médico que se utiliza para los exámenes diagnósticos cuyos resultados resultan erróneos, en Colombia se lo empleó para señalar a las personas que fueron asesinadas por el Ejército de este país, vinculándolas con organizaciones guerrilleras, sin embargo, luego se probó su inocencia.
