La madrugada del 13 de marzo del 2025, a la 1:30, explotaron en los exteriores del Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N.°1, conocido como la Penitenciaría del Litoral, dos coches bomba que destruyeron cinco automóviles, afectaron a la garita de la cárcel y varias edificaciones continuas, provocaron la muerte de un guía penitenciario y dejaron herido a un policía.
Según informó Edisson Rodríguez, jefe policial del Distrito Pascuales, se produjo una primera explosión, con la cual se incendiaron varios vehículos, uno de propiedad del guía fallecido, quien se acercó a verificar lo ocurrido y fue alcanzado por la segunda explosión, que lo arrojó contra la pared, provocando la muerte de forma instantánea.
Por su parte, el policía que se encontraba en la garita resultó herido por esquirlas; además que los vidrios de esta oficina de control no resistieron y explotaron, lo mismo ocurrió con los cristales de varias viviendas del sector.
La onda expansiva tuvo un alcance de 30 metros y la explosión fue escuchada incluso en sectores que se ubican a más de 30 minutos de la Penitenciaría, según reportes ciudadanos que se publicaron en redes sociales.
El ataque fue calificado como “terrorista” por las autoridades policiales y según Edisson Rodríguez tenía como intensión provocar el caos dentro de este centro penitenciario, que junto con todo el distrito Pascuales se quedó sin fluido eléctrico por más de 30 minutos.
La cárcel en acecho continuo
La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más grande del país; según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), hasta el 31 de enero pasado tenía una población penitenciaria de 7.023 Personas Privadas de la Libertad (PPL).
Desde noviembre del 2025, esta cárcel ha sufrido una serie de ataques internos y externos, el primero ocurrió el 12 de este mes, se trató de una nueva masacre carcelaria, 17 presos fueron asesinados y 15 resultaron heridos.
Los responsables de la matanza fueron, según reportaron medios locales, los integrantes de la banda de los Duendes, quienes burlaron las seguridades y lograron ingresar a la cárcel pistolas, cuchillos y explosivos; se encontraron 52 casquillos de bala.
Pocos días después, el 3 de diciembre del 2025, tres granadas explotaron en el comedor del CPL, provocando heridas en al menos nueve personas, un guardia y un militar; posteriormente se presentaron enfrentamientos que resultaron en una persona fallecida y siete heridas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos «condenó» lo ocurrido en la Penitenciaría del Litoral y recalcó que se debe a la ausencia de control de los centros penitenciarios por parte del Estado.
Los ataques externos
La violencia en la Penitenciaría se ha registrado en la parte interna y también en la externa, el 14 de febrero del 2025, en los exteriores del CPL, fue asesinado a tiros el teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Porfirio Cedeño, quien era parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
Además, la noche del 20 de febrero del 2025, delincuentes que se trasladaban en un automóvil dispararon a la fachada de la Penitenciaría, dejando un policía herido; en el sitio se encontraron 22 indicios balísticos de calibre 9 milímetros y un panfleto en el que una organización criminal se atribuyó lo sucedido.
Brote de tuberculosis
Según confirmó el Ministerio de Salud el martes 11 de marzo del 2025, existe un brote de tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral, 565 presos de esta cárcel están infectados; se descartó el fallecimiento de algún reo por esta causa, aunque se investigan si la muerte de cinco detenidos guarda relación con esta enfermedad.
Hace falta una reforma integral
Para Mario Carrillo, experto en seguridad penitenciaria, lo que ocurre en la Penitenciaría del Litoral es una muestra de la falta de decisión política para tomar un verdadero control de las cárceles en el país.
“Pese a que estamos en estado de excepción, se ven este tipo de hechos que no deberían ocurrir si es que las cárceles tuvieran un control adecuado, tanto interna, como externamente, porque se supone que los militares deben estar en los exteriores; mientras, adentro siguen metiendo armas, municiones y explosivos”, recalcó el experto.
Para Carrillo, hace falta un plan integral que mejore esta situación que, en primer lugar, el SNAI cumpla el Reglamento de Rehabilitación Social, que establece que los PPL deben ser ubicados de acuerdo con su delito, sentencia, violencia, perfil psicológico y conducta; pero, les han permitido agruparse de acuerdo a la banda delincuencial a la que pertenecen.
