La mayor parte de candidatos a la asambleístas de Azuay concuerdan en que respetarán los resultados de las consultas populares sobre minería que hubo en Cuenca y Girón.
El prebiscito en Cuenca fue el 7 de febrero de 2021 y en este casi un 80 % de la población se pronunció en contra de que haya minería cerca de las fuentes de agua.
Mientras que la consulta en Girón fue el 24 de marzo de 2019 y allí un 86,79 % de los votos rechazó la explotación minera en este territorio, donde está el proyecto minero Loma Larga.
En la mayoría de los planes de trabajo de las 18 listas de postulantes a legisladores que hay en Azuay se anuncia que harán respetar esta voluntad popular.
Dos proyectos mineros
En Azuay hay dos proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga que han sido suspendidos por órdenes judiciales debido a la falta de consulta previa a las comunidades locales.
En junio de 2018, el juez Paúl Serrano de la Unidad Judicial de lo Civil de Cuenca, ordenó la suspensión del proyecto Río Blanco, ubicado en Molleturo y Chaucha, por no haber realizado la consulta previa.
Esta decisión fue ratificada en agosto del mismo año por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte de Justicia de Azuay, que negó la apelación del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).
En julio de 2022, el proyecto Loma Larga, también conocido como Quimsacocha, fue detenido por una resolución judicial que determinó la ausencia de consulta previa a las comunidades afectadas.
Yaku Pérez, actual candidato a asambleísta nacional, lideró el proceso legal en representación de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y de varios sistemas comunitarios de agua.
Estas suspensiones reflejan la importancia de cumplir con los procedimientos legales y de consulta establecidos para la explotación de recursos naturales, especialmente en áreas sensibles y con la participación de comunidades.
Turismo y agricultura proponen candidatos a asambleístas de Azuay
Por otra parte, algunos de los postulantes a asambleístas asimismo coinciden en que se debe reemplazar la minería por turismo rural y agricultura, lo que ayudará a un desarrollo sostenible de las comunidades.
Los candidatos han profundizado el debate sobre la dicotomía entre minería y agua, pues a su criterio la extracción de metales pone en riesgo fuentes hídricas esenciales para comunidades rurales y la biodiversidad.
Proponen reforzar normativas ambientales que prioricen el acceso al agua sobre la actividad minera, ya que los proyectos extractivos generan contaminación y afectan el abastecimiento de líquido vital en zonas agrícolas.
También sugieren incentivar modelos económicos alternativos como el ecoturismo y la agroecología, porque la minería, aunque rentable a corto plazo, puede causar daños irreversibles a los ecosistemas y la salud pública.
Los candidatos proponen fiscalizar las concesiones mineras actuales para garantizar el cumplimiento de normativas ambientales y evitar afectaciones a fuentes hídricas, tierras productivas y la calidad de vida de las comunidades.
También plantean auditar contratos y verificar que las empresas respeten las regulaciones vigentes, exigiendo sanciones para quienes incumplan la ley, con el objetivo de evitar daños irreparables en ecosistemas y poblaciones cercanas.
Opinión de experto sobre minería
Para Patricio Rubio, ingeniero en minas y excatedrático, la minería puede desarrollarse de manera responsable si se aplican estrictas regulaciones ambientales y tecnologías avanzadas que minimicen impactos.
Con una gestión adecuada, la minería genera empleo, impulsa el desarrollo de comunidades y fortalece la infraestructura. Los ingresos provenientes de esta actividad pueden destinarse a educación, salud y obras públicas, dijo
Sostuvo que el país posee riquezas minerales que pueden explotarse sin afectar fuentes hídricas ni ecosistemas si se aplican controles eficientes. Empresas responsables pueden operar bajo estándares internacionales.
Considera que la fiscalización rigurosa y la inversión en tecnologías limpias pueden garantizar que la minería no comprometa el medioambiente y reduzca el riesgo de daños ecológicos.
Ecuador no debe desaprovechar el potencial minero, sino regularlo con responsabilidad para que los beneficios lleguen a la población. Con una planificación adecuada, puede ser un motor de desarrollo sostenible.
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