El Congreso peruano aprobó este lunes 16 de enero de 2023 la reforma constitucional que plantea eliminar el voto de confianza, un proceso parlamentario obligatorio para validar a los gabinetes del Ejecutivo, pero, al no alcanzar el respaldo de dos tercios, el dictamen deberá ser sometido a referéndum.
Con 75 votos a favor, 46 en contra y ninguna abstención, el pleno del Legislativo dio luz verde al proyecto de ley que elimina el voto de confianza al que deben someterse todos los Gobiernos en los 30 días siguientes a la juramentación de su gabinete ministerial.
La iniciativa legislativa, sin embargo, no sumó los 87 votos que requiere la aprobación en dos legislaturas de una reforma constitucional y, por ello, la norma deberá ser ratificada en referéndum, según recordó el presidente del Parlamento, José Williams.
El dictamen, propuesto por la Comisión de Constitución del Congreso que preside el diputado fujimorista Hernando Guerra, plantea la reforma del artículo 130 de la carta magna que establece que, dentro de los 30 días de haber asumido funciones, el presidente del Consejo de Ministros y su gabinete se presentan ante el hemiciclo para «exponer y debatir la política general del Gobierno» y solicitar su investidura.
La legislación peruana sostiene, además, que la negación de la confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno faculta al presidente a disolver el Congreso y a convocar nuevas elecciones legislativas dentro de los cuatro meses siguientes, como hizo el exmandatario Martín Vizcarra (2018-2020).
De ser aprobada la reforma constitucional, la presentación del gabinete no dará lugar al voto de confianza, por lo que el Gobierno será el único responsable del nombramiento de los ministros de Estado.
Durante el debate parlamentario, Guerra indicó que el dictamen busca fortalecer la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo al establecer que el Consejo de Ministros presente su plan de Gobierno ante el pleno sin la posterior votación de investidura.
Explicó, además, que el proyecto no elimina la cuestión de confianza facultativa, que los Gobiernos pueden presentar en respaldo a políticas de su gestión.
