A propósito de la consulta popular se ha dado en el país un debate que podría ser sobre un tema constitucional o una figura penal pero termina siendo sobre algo cotidiano: ¿qué más puede hacer el Estado frente a la grave crisis de seguridad que vive el Ecuador?
La extradición es una forma de colaboración entre los países y sus aparatos de justicia, para asegurar que una persona que está fuera de sus fronteras no esté fuera del alcance de la justicia. Por ejemplo, el Ecuador entregó a Rusia en 2017 un ciudadano de ese país procesado por fabricar y comercializar anfetamina a gran escala o en un caso muy sonado en su momento, en el 2021 entregó a Peter Dettmer a los Estados Unidos, en donde enfrentaba más de 120 cargos relacionados con delitos sexuales. De la misma manera, la justicia del Ecuador puede requerir la colaboración de otros países para asegurar que un procesado comparezca a juicio y, de ser el caso, pague su pena como consecuencia de haber afectado un bien jurídico protegido como la vida, la integridad sexual o la salud pública.
¿Cuál es entonces la reforma que se discute? La tradición de las tantas constituciones ecuatorianas ha sido la de prohibir la extradición de nacionales. Es decir, el Ecuador puede entregar a la justicia de otro país solo a ciudadanos extranjeros pero tiene prohibición expresa de hacerlo con sus nacionales.
Este debate que hoy tenemos en el Ecuador y que está muy marcado por posiciones coyunturales, es para otros países el resultado de procesos sangrientos. Basta recordar la guerra de los “extraditables” contra el Estado colombiano cuando este tema se debatió y resolvió. Esta misma semana, Colombia ha extraditado a Estados Unidos al hermano de una conocida senadora y en México se la hace sin discusión. Ahora bien: ¿ Por qué un sector político se opone a ella?
Si en el país las tasas de homicidio se han cuadriplicado en menos de dos años y la violencia se ha convertido en la principal preocupación que limita casi toda actividad de sus ciudadanos, ¿se puede pensar en alguna justificación para limitar la actuación de la justicia contra quienes delinquen? Creo que no. Si bien la extradición no es toda la receta para solucionar el grave problema de seguridad, es un mensaje poderoso de toda la sociedad en contra de la impunidad. (O)
