Las propuestas para dar seguridad podrían dar votos. Es la principal preocupación de los ecuatorianos. Y por eso todos los candidatos a las alcaldías y prefecturas la ofrecen.
Según algunas ofertas, hasta el plan de seguridad del Gobierno, aún con sus debilidades, queda corto frente a las promesas de tales candidatos. Ni se diga las sugerencias y observaciones hechas por expertos en el tema; pero por quienes en verdad lo son.
Primera cosa, entonces: separar la paja, la demagogia, el facilismo, ni se diga los imposibles.
Segunda: informarse, y bien, sobre las competencias de Municipios y Gobiernos Provinciales. En la actual campaña, las tantas y variopintas ofertas rebasan las estrictamente dispuestas en la Constitución y en las demás Leyes.
¿Los prefectos, por ejemplo, deben encargarse de la seguridad ciudadana? Esta pregunta no atañe a los alcaldes, pues tienen ciertas responsabilidades.
En un país donde los políticos se acostumbran en el poder, donde es endémico el afán de figurar, es fácil vislumbrar la lucha entre alcaldes y prefectos, a lo mejor de estos con el Gobierno central, para hacer cada cual lo suyo, aplicando su propio “plan de seguridad”, sus metodologías, su erudición, y hasta disputándose el apoyo de la Policía.
Según algunas propuestas electorales sobre el tema puesto a discusión, el Gobierno se mostraría insulso para frenar la inseguridad, sin ideas ni estrategias, cuando ellos, los candidatos, las han tenido o las inventado ahora en busca de votos.
La inseguridad no debe degenerar en populismo. La delincuencia común es una cosa; otra la del narcotráfico transnacional y demás bandas criminales, con tentáculos en la justicia y en la política.
Las dos deben combatirse; pero la segunda, para hacerlo no requiere de palabras ni de ofertas antojadizas. Es cosa seria señores.
Los aspirantes a alcaldes y prefectos deben decir, por ejemplo, cuál es su posición ante la pregunta relacionada a la extradición; y sobre las demás, también. Los conminamos.
