Luego de los acontecimientos políticos y sociales de estos casi dos años de gobierno bien cabe una reflexión sobre los mismos, así la pandemia y la movilización última de los sectores organizados en la CONAIE y sus aliados, que causaron grave deterioro económico con la caída del PIB y su lenta recuperación de estos últimos meses, la inseguridad jurídica por la ambivalencia de las decisiones judiciales, el abuso del derecho como mecanismo de uso malévolo al desvirtuar las garantías procesales en favor de los infractores penales, al punto de menoscabar la seguridad ciudadana por la escalada del delito común y la incidencia nefasta del crimen organizado, todo lo cual requiere un cambio profundo de actitudes con la participación ciudadana factor decisorio del nuevo orden social, político e institucional.
En la entrevista que se realizó al presidente de la República el domingo pasado su palabra fue precisa, las denuncias continúan y desde la necesidad de absoluta transparencia es pertinente que la fiscalía proceda conforme a la ley.
El presidente puso en claro la incidencia negativa de los años anteriores a su gestión especialmente la gravitación de los diez años del régimen populista, tiempo en el que se articula la concepción y normativa neo constitucional que el gobierno de ese entonces alentó y que con el sistema penal vigente desde el 2014 favorece los fines obscuros de la delincuencia, no de otra forma se entiende la impunidad de quienes han abusado y abusan del ejercicio del poder político.
Pero no es cuestión de quedarse en el diagnóstico sino con sus evidencias ejecutar la transformación profunda que demanda la república y por sobre todo la buena y correcta vida social. (O)
