Karina Izurieta, jueza de El Oro, dio un ultimátum a la Asamblea Nacional para que, en un plazo de 72 horas posesione a los vocales alternos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Pero en el Legislativo se ha advertido que no acatarán este fallo.
“Nuevamente una jueza de dudosa procedencia pretende obligarle a la Asamblea a cumplir algo que no tiene que cumplir”, señaló el asambleísta Esteban Torres (Partido Social Cristiano, PSC), quien puntualizó que sí posesionarán a los consejeros, pero no en el plazo que estableció la jueza Izurieta, sino la próxima semana.
Según explicó la legisladora Marjorie Chávez (PSC), la decisión de desobedecer la orden judicial se basa en que algunos de los consejeros alternos son candidatos en las elecciones del domingo y, en caso de ganar, estarían en el cargo pocos días, pues deberían asumir sus nuevas funciones.
“La posesión de los consejeros ya está prevista para la próxima semana, después de las elecciones, porque es inoficioso posesionar a personas para que actúen uno o dos días y luego tengan que entregar nuevamente el puesto a quienes se sienten desde el lunes hasta mayo”, explicó Chávez.
Aunque el oficialista Juan Fernando Flores coincide en que lo mejor es esperar a que concluyan las elecciones, para que las personas posesionadas sean las definitivas, también cree que la mayoría de la Asamblea, integrada por correístas y sus aliados del PSC, ha sido irresponsable al no nombrar previamente a los consejeros del CPCCS, pese a que poseen el listado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde el pasado noviembre.
Incumplimiento
Para Ricardo Vanegas (Pachakutik), la decisión de la mayoría de desacatar la decisión de la jueza no solo es una ilegalidad, pues se deben respetar las órdenes judiciales; sino que también es una irresponsabilidad que ha dejado al CPCCS en acefalía desde inicios de año, pues el número de vocales legalmente posesionados no son los suficientes para sesionar.
“Por menos que eso, Guadalupe Llori fue destituida como presidenta de la Asamblea. Si hubiera algo de derecho de justicia, debería iniciarse una acción para destituir a Virgilio Saquicela, por colocar en ese estado de acefalía al CPCCS”, afirmó Vanegas.
Aunque coincide en que los legisladores tienen la obligación de acatar el fallo de la jueza Izurieta, por tratarse de una orden de autoridad competente, el constitucionalista Ismael Quintana reconoció que si incumplen el plazo de 72 horas no existe ninguna sanción que se les pueda imponer, pues se trata de medidas cautelares, que no tienen consecuencias jurídicas por su incumplimiento y es seguramente en esto en lo que se escudan los asambleístas para desobedecer. Quito.- (ASM)-(I)
