La consulta y el referendo constitucional se convirtieron en termómetros para medir la credibilidad y confianza del gobierno del presidente Guillermo Lasso.
Él, sus ministros, en especial sus asesores jurídicos decían lo contrario. Igual los partidarios del Sí, entre ellos los críticos acérrimos del gobierno.
Tan pronto como fueron anunciadas las preguntas, de acuerdo a las encuestas el Sí tenía amplia aceptación.
Ya en campaña, sectores políticos hicieron proselitismo a favor del No. La basaron en el fracaso del gobierno, de su intención por querer reflotar políticamente, de querer engañar; pues los problemas, aun los ligados a la seguridad y a la justicia, no se resolverían de ganar el Sí.
A esa negación, a lo mejor también influyeron las denuncias de presunta corrupción en las empresas públicas. Sumadas al desgaste por el ejercicio del poder, al desaliento de la población, el abono para la derrota estaba listo. Y dio sus frutos. No pudo la reflexión; sí la ira.
Los resultados a favor del No, en algunos casos no tan contundentes, confirman aquellas teorías y echan por la borda aspectos importantes de la vida nacional.
La continuidad de esos aspectos seguirá pasando factura al país. Por ejemplo, el verdadero poder político seguirá en manos del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, posiblemente mucho más, porque un movimiento cuya fuerza electoral es innegable, podría tener mayoría y con ello nombrar a todas las autoridades, entre ellas contralor, fiscal, defensores del Pueblo y el Público, Consejo Nacional Electoral, superintendentes.
El gobierno ha aceptado el pronunciamiento popular, pero sin hacerse un auténtico examen de conciencia.
Tender la mano a las autoridades electas, la mayoría proveniente de sus más enconados adversarios políticos, está bien. Pero deberá analizar, olfatear sus intenciones, comenzando por vislumbrar la campaña para elegir al nuevo presidente de la república.
La reorganización del mapa político apunta en esa dirección y será al todo o nada.
