El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ordenó este 9 de marzo de 2023, 36 meses de prisión preventiva contra el prófugo exministro de Transportes Juan Silva y comparecencia con restricciones para el exministro Geiner Alvarado, presuntamente implicados en un caso de corrupción junto al exmandatario Pedro Castillo, que recibió igualmente un orden de 36 meses de prisión preventiva.
El magistrado impuso a Silva la prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal y colusión, y ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.
Por su parte, Alvarado tendrá que pagar una caución (fianza) de 35.000 soles (9.200 dólares), además de cumplir con normas de conducta y comparecer ante el juzgado durante su procesamiento por presunta organización criminal.
En este caso, la fiscal anunció que apelará la decisión del magistrado, que declaró infundada su solicitud de prisión preventiva, al igual que pidió contra Castillo y Silva.
El expresidente Castillo, presente en la audiencia en forma virtual desde el penal donde cumple otra detención preventiva por su fallido autogolpe, dijo al juez que iba a hacer «lo que la ley» le faculta, al respaldar la apelación que presentará su abogado contra la medida.
La prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.
Igualmente, el nombramiento de Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones, prófugo de la justicia, con la supuesta intención de copar ese ministerio con funcionarios afines que faciliten «direccionar los proyectos» de infraestructura, a cargo de esa cartera.
De la misma forma, el juez citó los dos millones de soles (medio millón de dólares) que la empresaria Karelim López dijo haber entregado a Castillo, a través de sus asesores en Palacio de Gobierno, para ser favorecida con una adjudicación de obras públicas.
Checkley afirmó que «Castillo tuvo una participación clave» en estas «conductas ilícitas».
En tal sentido, el magistrado dijo que Castillo enfrenta una probable pena de 32 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. EFE
