Si bien las necesidades de los pueblos en general rebasan cualquier presupuesto, es alentadora la entrega de mayores asignaciones a Municipios, Consejos Provinciales y Juntas Parroquiales Rurales (JPR), ahora denominados Gobierno Autónomos Descentralizados (GAD), si bien, en muchos casos, son teóricas la autonomía y la descentralización.
Para 2023, el Gobierno les entregará USD 3.328 millones, un 5,5 % más respecto de 2022. Son las más altas asignaciones en los últimos doce años, producto del aumento del precio del petróleo y la recaudación récord de impuestos.
Alcaldes, prefectos y miembros de las JPR electos tendrán más recursos para invertirlos en obra pública cuya ejecución dinamiza la economía, comenzando por dar fuentes de trabajo.
Un llamado de atención hizo el gobierno: los electos deben mejorar la ejecución presupuestaria. Sus antecesores invirtieron menos del 55 % de su presupuesto en el caso de los alcaldes; 47 % en el de los prefectos; 61 % en el de las JPR.
Las prefecturas son criticadas por invertir más en conciertos y festividades, dizque para promover el turismo.
Los alcaldes tendrán USD 2.229 millones; USD 898,4 millones los prefectos.
Las asignaciones se reparten con base a criterios como el tamaño, la densidad poblacional y el nivel de necesidad básicas insatisfechas, más la capacidad de cada GAD para recaudar sus propios recursos.
Por ello, no todos reciben por igual. Las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca tendrán más; a nivel de prefecturas, las de Guayas, Pichincha y Manabí.
Lo grave es para 154 cantones: dependen totalmente de los recursos estatales, mientras sus necesidades son urgentes, pues ni siquiera, en varios casos, tienen servicios básicos.
El reto está en los electos: priorizar las obras, invertir sus presupuestos dentro del año financiero, administrar los recursos con decoro, anteponer la inversión al gasto corriente y olvidarse del despilfarro en pos de mantener popularidad.
