Bolivia intercambió experiencias el miércoles 14 de junio de 2023, con algunos países europeos y de Latinoamérica para prevenir los embarazos en menores de edad y proyectar una ley integral de derechos sexuales que incorpore medidas como el aborto legal.
«Nos encontramos ante un desafío muy fuerte al tratar de disminuir el embarazo adolescente e infantil, estamos (en Bolivia) con altas tasas (…) uno o dos partos por día», declaró la directora de la ong Ipas Bolivia, Malena Morales.
Según Morales, entre los desafíos está conseguir la interrupción legal del embarazo «en una forma segura», además, que también urge la implementación de leyes y presupuesto y la «voluntad política» para hacer esas transformaciones.
Justamente, el conversatorio que se organizó en La Paz contó con la presencia de los representantes de al menos diez delegaciones diplomáticas de Europa y de América Latina, además de autoridades del Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
El proyecto de ley
«Lo primero que está en nuestra agenda es lograr el ingreso de un proyecto de ley (sobre derechos sexuales y reproductivos) a la Asamblea Legislativa», declaró la asesora política de Ipas, Yovanka Oliden Tapia.
Explicó que una ley así debe incluir aspectos como la educación (sexual), servicios médicos que lleguen incluso a tratar males como el cáncer de mama o cervicouterino, en el caso de las mujeres, y de próstata, cuando se trate de los hombres.
También es importante que ese proyecto de norma «tenga un capítulo sobre la interrupción del embarazo», acentuó.
Oliden Tapia se refirió al incremento de las violaciones a menores que, según los datos de la Fiscalía boliviana, ascendieron de 1.206 en 2018 a 2.593 el año pasado y estos se refieren únicamente a los hechos denunciados ya que detrás existen «cifras negras» de los casos que no salen a la luz.
Algo que explica que muchos casos se mantengan ocultos son las soluciones que se aplican en el campo y en las ciudades cuando las familias acuerdan que la víctima de una violación se case con su agresor, explicó Oliden Tapia.
Otras experiencias
El jefe de Cooperación de la Embajada de Suecia en Bolivia, Fredrik Uggla, indicó a EFE que en su país la interrupción del embarazo se considera como un «recurso de último momento», pero que debe «estar» entre las medidas generales de protección social.
«Es muy importante ver en el tema de interrupciones al embarazo dentro de un marco de toda una política social de derechos para las mujeres», remarcó Uggla.
El diplomático sostuvo que Suecia tiene una posición «progresista» en el campo de los derechos sexuales que se aplica desde finales de la década de 1960 y que el valor de esa experiencia radica en «todo el sistema» para prevenir los embarazos a temprana edad.
Por su parte, la embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García, dijo a EFE que es importante generar una «política exterior feminista» que permita a los países considerar el aborto «como un derecho y no como una concesión».
García destacó que, desde 2022, en Colombia la interrupción del embarazo «se puede hacer libremente» hasta las 24 semanas cuando la gestante es menor de 14 años y cuando es mayor a esa edad puede decidir abortar «sin autorización de nadie».
Según los datos del Ministerio de Salud de Bolivia, en 2021 se registraron 39.747 embarazos adolescentes, de los que 37.743 pertenecieron a menores entre los 15 a 19 años, mientras que 2.404 de gestantes entre los 10 y 14 años.
Las leyes bolivianas penalizan el aborto con 2 hasta 6 años de prisión salvo en los casos en que se trate de una violación o que la vida de la madre esté en riesgo.
En 2014, una sentencia del Tribunal Constitucional boliviano estableció que las víctimas de violación no requieren autorización judicial para interrumpir la gestación, mientras que en los casos en los que la vida de la madre corre peligro, basta con el informe médico para proceder. EFE
