La defensa del expresidente peruano, Pedro Castillo (2021-2022), denunció este 21 de junio de 2023 en Lima que la destitución de este, tras su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre, fue «anticonstitucional» y que hubo un «complot» estatal desde que ganó las elecciones en 2021.

«El complot tiene diversos nombres, el complot es ajusticiar al complotado hasta defenestrarlo y lo han conseguido», afirmó uno de los abogados de Castillo, Guillermo Olivera, en una rueda de prensa a medios de comunicación.

Se refirió a que dicho «complot» se inició el 6 de junio de 2021 cuando el exmandatario ganó las elecciones y su rival Keiko Fujimori dijo que había habido fraude electoral.

Explicó que, desde entonces, los poderes estatales como el Congreso y la Fiscalía de la Nación le han querido fuera del cargo y que por eso se dieron denuncias constitucionales e intentos de vacancia (destitución) en su contra durante todo su mandato.

En este sentido, denunció que la moción de vacancia que el Congreso pronunció en su contra tras el intento de golpe de Estado el 7 de diciembre no siguió los procedimientos constitucionales.

Además, que la actual presidenta, Dina Boluarte, juró el cargo cuando esta vacancia no se había publicado en el diario oficial El Peruano, como dicta la legislación, por lo que la destitución no sería efectiva y Castillo tendría que seguir como gobernante.

«Se ha violado el debido proceso cuando se vacó a Castillo«, dijo al añadir que la Justicia no ha citado al expresidente para declarar sobre lo ocurrido el 7 de diciembre, ni a su defensa legal, lo que «vulnera los derechos» del exmandatario, quien se encuentra en prisión preventiva desde entonces.

Este viernes se celebrará una audiencia virtual en la que la Tercera Sala Constitucional de Lima evaluará la demanda de amparo presentada por Castillo con la que busca anular la resolución de Congreso que dispuso su vacancia por permanente incapacidad moral.

Respecto a esta, Olivera dijo que debía ser presencial por que hay «corrupción en la virtualidad» y que, según sus palabras, al haberse acabado la pandemia no tiene sentido que sea de manera digital.

Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, después de haber sido destituido el 7 de diciembre por el Congreso luego de anunciar, en un mensaje televisado, que iba a disolver el Legislativo, gobernar por decreto e intervenir en la Judicatura.

En marzo pasado, el Poder Judicial dictó otra orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra por presuntamente haber liderado una organización criminal al interior del Ejecutivo peruano.

Hace dos días, el abogado Walter Ayala, quien fue ministro de Defensa del Gobierno de Castillo, anunció en Twitter que había dejado la representación legal del exmandatario en un proceso de amparo que pide que sea restituido en el cargo.

Este proceso fue presentado en enero último por considerar que el Congreso incumplió con los procedimientos legales al momento de destituir al hasta entonces mandatario.

En los últimos meses, Castillo ha pedido en reiteradas ocasiones al Poder Judicial, mediante apelaciones, amparos y otros recursos, que anule la prisión preventiva y el proceso por rebelión en su contra, aludiendo a una supuesta vulneración de su derecho al antejuicio político, un proceso a cargo del Congreso, con el que mantuvo una dura pugna durante su gestión. EFE