Pretender que la sociedad civil, entendida como el conjunto de ciudadanos, decida su organización institucional, política y económica, resulta ser un tema de inminente y grave responsabilidad. Es lo opuesto al sistema dictatorial y totalitario de los autócratas. Estamos en la orilla de quienes creemos en la buena fe y el valor del respeto que debemos a la comunidad social en la dimensión de cada persona como sujeto esencial de la historia y de la cultura, asumiendo las obligaciones para ejercer los derechos con entera libertad.
La democracia en el siglo XXI es con alta precisión el gobierno y administración pública ejercida con vigencia plena del Estado de Derecho, el imperio de la ley y la certeza de la seguridad jurídica en las dimensiones política, económica y social.
En este contexto y el proceso electoral que vivimos los candidatos deben honrar su papel definiendo sus programas en temas tan importantes como el sistema de propiedad privada, social y pública con su definición jurídica para garantizar las inversiones productivas en relación con los procesos industrial, agroindustrial y tecnológico que mediante la dolarización se encuentra bien sustentado en la dinámica del crecimiento poblacional y el eficaz control de la inflación. Punto importante es la política energética, en particular la explotación de los recursos naturales y la sostenibilidad presupuestaria.
Se debe precisar que los estados y gobiernos se califican por su respeto a la vida humana, al trabajo y al ecosistema, aplicando las tecnologías necesarias y aptas para le explotación de los recursos naturales en función del bienestar de todos. En esta dimensión, pensemos que cuando más exigimos en salud, educación, generación de fuentes de trabajo, salarios, servicios públicos, vialidad o seguridad ciudadana más recursos se requieren. Debemos ponernos de acuerdo en las soluciones de las crecientes necesidades. En democracia, la probidad y eficacia gubernamental, judicial y administrativa, la honestidad y el realismo cívico son imprescindibles. (O)
