El perito Roberto Meza reconstruyó el tercer informe, para determinar la existencia de persecución de parte de los altos mandos de la Fuerza Aérea al Gral Gabela. Su muerte, entendiendo los informes y hechos relatados, no fue un crimen de delincuencia común.
Y entonces si el tercer informe original nunca apareció y se pagó con fondos públicos, la presunción de peculado ronda nuevamente el pasado del gobierno de la década perdida. En la otra ala del escándalo por la compra de los Dhruv como ya es costumbre en ciertos jueces “lentos”, como el famoso Luis Rivera, nadie está preso, porque a él, le interesó solamente el pago del seguro, al sobreseer a 18 acusados a quienes la Fiscal Salazar el 6 de octubre de 2021 con más de cien elementos de convicción pidió su enjuiciamiento.
La muerte de un funcionario público honrado como el Gral. Jorge Gabela quien estuvo en contra de la compra de esas escorias fue un golpe a la decencia. La confesión de Steve Sanpedro ex mecánico de la FAE al solicitar no recibir los Dhruv, le costó persecuciones y acusaciones, sin pruebas evidentes, como la de ser parte de quienes se tomaron la pista del aeropuerto el 30 S. De los 7 helicópteros, 4 se accidentaron y 3 están en las bodegas por orden judicial, siendo el saldo fatal el deceso de tres militares y graves heridas en siete personas.
Misterios e informaciones confusas rondan la trama; tal como reveló el portal Primicias, “alias ‘Francis’ -el presunto autor material del asesinato de Gabela- tenía dos identidades: Derly David Salazar Vargas y Francisco Israel Cruz Vargas; pero, además ahora se duda de su muerte ya que, según información reciente recopilada por Meza, Derly David Vargas Salazar votó en las elecciones del 11 de abril de 2021”. ¿Qué ocurrió? ¿En dónde está el asesino material?
Este caso es parte del debate en la sociedad por la participación de una mujer frontal como Patricia Ochoa. No solamente por la condición de esposa del asesinado, sino porque su valentía para enfrentar al poderoso statu quo de algunos miembros de la FAE de ese tiempo, el comité de contrataciones, y los delegados civiles del expresidente Correa, que participaron en toda esta trama.
Las conclusiones de Meza en el tercer informe, aunque dejan vacíos en la configuración de los presuntos autores intelectuales del crimen, debe abrir las puertas a una investigación exhaustiva del caso, para ver si la justicia ecuatoriana puede recuperar su desgastada imagen. Requieren trabajar con la mayor responsabilidad para no mandar al tacho de la basura los peritajes e investigaciones del caso, que destapándose totalmente traerá muchas complicaciones a varios involucrados. Facilito podría ser un crimen de Estado. (O)
