El creciente nivel de violencia criminal y delincuencial que vive el país alcanzó niveles críticos la semana que termina; una situación que tuvo como como sus expresiones más evidentes el asesinato del Alcalde de Manta, una nueva masacre en la cárcel de Guayaquil, el secuestro de decenas de guías penitenciarios en varias otras cárceles, el terror generado en Esmeraldas y, como colofón, la comparecencia pública de cabecillas de algunas de las bandas narco delictivas para anunciar un supuesto “pacto de paz” entre ellas.
Son acontecimientos que denotan la gravedad de la situación de inseguridad que vive Ecuador y, sobre todo, el hecho de que el Estado y el Gobierno, presidido por Guillermo Lasso, ha perdido (o quizás ha cedido) el control de las cárceles del país, así como de las calles y espacios públicos, lugares en los que diariamente se cometen ya no solo asesinatos individuales sino de grupos de personas(o masacres), especialmente en ciudades de la costa.
Se trata de crímenes, en su mayoría bajo la modalidad de sicariato, que quedan en la impunidad y que, por esto mismo, se incrementan; con excepción de aquellos asesinatos o atentados a ciertos personajes que, por las implicaciones políticas que estos actos tienen, si motivan una investigación, una presión de la opinión pública y una gran cobertura mediática. Aún más, la cantidad de asesinatos que se cometen diariamente va dejando de sorprender y generando una especie de insensibilidad social o “normalización” de la violencia.
El Gobierno actual, desde el inicio de su gestión, no ha tenido una adecuada política para combatir la creciente inseguridad, sus acciones han sido tardías o erráticas, o se ha escudado en la cantaleta de culpar a otros. Y las consecuencias de esto han sido tremendas: si cuando asumió la presidencia Lasso había 14 asesinatos por cada 100 mil habitantes, en 2022 la cifra se elevó a 26 y se proyecta que para 2023 llegará a 40 asesinatos pos cada 100 mil habitantes; se han producido una docena de masacres carcelarias; y, la irrupción de nuevas modalidades criminales, como las extorsiones (o “vacunas”). Y todo esto se ha dado cuando transcurridos 7 meses del 2023 el Ministerio del Interior apenas habría ejecutado un 8% de su presupuesto. (O)
