Esta es la octava entrega del seriado con entrevistas a quienes lideran cada una de las 11 listas de candidatos a la Asamblea Nacional por Azuay para las elecciones del 20 de agosto próximo.
María Augusta Pineda es quien encabeza la lista de postulantes por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) (Lista 18), que para esta contienda no va con ninguna alianza política. Ella es odontóloga, por la Universidad de Cuenca.
Plantea, junto con su organización política, reformas a la Ley Orgánica de Salud (LOS) y diseñar un nuevo marco jurídico denominado Código Orgánico Intercultural de la Salud.
Asimismo plantea hacer cambios a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) para garantizar una inversión del Estado para la generación de nuevos talentos.
Igualmente en su plan de trabajo consta un planteamiento de reforma a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; y a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
Seguridad: endurecer las penas
“Todos tenemos miedo de salir a las calles, nuestros niños están en total inseguridad, no pueden ir ni a los parques por el temor a los delincuentes, no pueden apropiarse de los espacios públicos…”, señala.
Para Pineda es necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para endurecer las penas con el fin de evitar que delincuentes recuperen su libertad sin antes haberse rehabilitado.
“Necesitamos que los delincuentes tengan penas más drásticas, pues hay delincuentes que entran por pocos días y quedan libres, además porque la gente ya no presenta la denuncia por temor a represalias…”, refiere.
Agrega: “vamos a impulsar un cambio en la ley para que se muestre el rostro de los delincuentes, para que podamos conocerlos y tener las precauciones para evitar que vuelvan a delinquir”.
Igualmente propone una reforma al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), para dar mayor respaldo a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
Para ella asimismo se requiere legislar para garantizar el libre acceso a la educación, pues considera que la falta de oportunidades para estudiar hace que algunos jóvenes vayan a delinquir.
“También vamos a fiscalizar la Ley de la Juventud, para que los jóvenes puedan conseguir empleo, pues ahora les piden experiencia y otras condiciones que es muy difícil que puedan cumplir…”, menciona.
Propone de igual forma el cumplimiento de la Ley de Defensa y Desarrollo del Trabajador Autónomo y del Comerciante Minorista, para fomentar los espacios de trabajo, además de microcréditos con tasas y plazos preferenciales.
Seguridad social
Pineda está en contra de la propuesta del Gobierno Nacional de incrementar de 30 a 35 años el tiempo de aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para jubilarse.
“El tiempo de vida cada vez es menor, por lo tanto no se puede poner más tiempo de aporte, esto es un atentado para la clase trabajadora, además de una manera de impedir que se cumpla el derecho a la jubilación…”, precisa.
Descentralización
Pineda ofrece desde el Legislativo impulsar una iniciativa para exigir al Gobierno Nacional que los recursos que paga Azuay en tributos sean devueltos a esta provincia para reinvertirnos.
“Este dinero tiene que llegar a los gobiernos seccionales, pues son los gobiernos de cercanía, que conocen las necesidades de sus sectores y son quienes mejor pueden atender las necesidades…”, afirma.
“También vamos a fiscalizar que se cumpla la Ley 047, para que Azuay y las provincias donde están las hidroeléctricas, reciban los recursos que les corresponde y en los tiempos que corresponde…”, insiste.
También propone reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para asegurar la entrega de las asignaciones a prefecturas, municipios y juntas parroquiales.
Reformas constitucionales
Ella plantea una reforma al sistema de economía popular y solidaria para que el Estado tenga una política de priorización de créditos a largo plazo, para reactivar la economía.
También cree necesario una reforma para quitarle la competencia de designar autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
