No podía ser de otra manera si la corrupción sigue campante. Es un desafío a la razón y a la previsión de las instituciones llamadas a garantizar la paz y la idoneidad del proceso electoral, realizarlas, sin las condiciones de igualdad de los participantes, más aún si uno de ellos, el candidato presidencial Fernando Villavicencio es asesinado.
La prensa y la televisión internacional reconocen que el político y periodista asesinado combatió el abuso de poder y los actos de corrupción del crimen organizado, cumpliendo su papel con entrega total.
Si el presidente Lasso declaró por sesenta días el estado de excepción y varios candidatos revestidos de sensibilidad cívica pidieron aplazar la campaña electoral, lo obvio es que el Consejo Nacional Electoral, comprenda que las normas previstas para un proceso electoral normal, ante el impacto del hecho criminal, prolongue el proceso por el tiempo necesario para que todos los participantes, y los movimientos aliados que apoyaban al candidato asesinado designen su sustituto, pero el CNE sin entender el significado del derecho fundamental de participación política, mantiene imperturbable las fechas de los eventos a realizar como el debate presidencial, que nada aportó en materias claves referentes a la gobernabilidad en una época dominada por la crisis global de la instituciones.
Pese al crimen atroz, el Movimiento Construye y aliados nominan a Christian Zurita Ron para la Presidencia y que con Andrea González conforman el binomio que representa a un gran porcentaje de adeptos. El periodista de investigación Christian Zurita es antiguo compañero de jornadas periodísticas de Fernando Villavicencio.
En tal efecto y cumpliendo los ordenamientos de un sistema viciado, “insólito” como se califica internacionalmente, debemos sufragar en medio de la mayor inseguridad, muchos lo harán con la decisión de impulsar el mensaje propuesto por Fernando Villavicencio. Esperamos que el CNE respete el derecho de participación electoral. (O)
