La inseguridad en nuestro país no es el resultado de una percepción. Tampoco un hecho aislado. A diario los medios de comunicación reproducen noticias sobre sucesos delictivos: asesinatos, asaltos, plagios, extorsiones, sicariato. Diferentes modalidades que los malhechores utilizan en desmedro del indefenso ciudadano/a.
Una ola de miedo ronda en el Ecuador. La delincuencia atraca en las calles y en el interior de los domicilios y locales comerciales. Con saña y audacia. Con mecanismos macabros. Los ladrones se organizan en bandas, con modernas armas y maneras de operación inimaginables. Los robos se suscitan en el día y en la noche. No existe un horario definido. La gente se siente desamparada. El Estado no responde con efectividad al clamor de las personas afectadas. Aún faltan acciones concretas que reduzcan los índices delincuenciales. Tal situación, implica el adecuado financiamiento para la implementación de equipos, estrategias policiales, campañas de prevención y concienciación, operativos de control. Pero, fundamentalmente, políticas gubernamentales que permitan la reducción de los índices de pobreza. Esto es, la ejecución de planes y proyectos que reorienten la condición de vida de la población, que mejore el estatus de existencia humana.
No soy partidario de prácticas represivas que degeneren en un clima de alarma ciudadana. Lo pertinente, es alcanzar los componentes idóneos para que los organismos oficiales garanticen la protección poblacional, de acuerdo a lo establecido por la ley. Considerando además, el rol esencial del sistema judicial, tan venido a menos por su pérdida de credibilidad y marasmo institucional (en donde campea la corrupción).
Junto con la labor estatal, la predisposición ciudadana se vuelve complementaria, ya que con su involucramiento también se contribuiría al retorno de la seguridad. En suma, el tema abordado abarca y compete a toda la sociedad en su conjunto. (O)
