En la audiencia del 25 de septiembre del 2023, se evidenció una serie de actos con los que se habría vulnerado el dictamen de la Corte Constitucional, que prohíbe la revisar el accionar del CPCCS Transitorio.
Este 25 de septiembre, en la Corte Constitucional (CC) se instaló la audiencia en la que se analizó el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al que se le acusa de intentar revisar la selección de la fiscal general del Estado, Diana Salazar; y la designación de los propios jueces constitucionales, procesos que llevó a cabo el CPCCS Transitorio, las cuales se encuentran blindadas por el Dictamen 219.
Aunque públicamente se ha manifestado en contra de la decisión de la Corte Constitucional de blindar las actuaciones del CPCCS Transitorio y ha criticado públicamente a quien lideró este organismo, el fallecido Julio César Trujillo, ayer ante la Corte Constitucional (CC), Alembert Vera, actual presidente del Consejo, se mostró conciliador y respetuoso de este fallo, además, negó que lo haya vulnerado.
Pese a la insistencia de Alí Lozada, presidente de la CC, Alembert Vera eludió contestar si, al permitir la conformación de una veeduría que revise la designación de los jueces constitucionales violó lo dispuesto en el dictamen 219; su defensa se centró en afirmar que solo cumplió con lo dispuesto por el juez Leiver Quimis, de la unidad multicompetente de Montecristi, en Manabí, que le ordenó permitir la creación del mecanismo.
Pero lo cierto es que los jueces constitucionales señalaron algunos actos con los que el CPCCS actual vulneró el Dictamen 2019, en primer lugar, la entidad no apeló el falló con el que el juez Quimis ordenó la creación de la veeduría, solo se adhirió a la apelación de la Procuraduría y de forma inmediata, en el interior del organismo, se dio paso a la selección de los veedores.
“¿Quiero pedirle una confirmación, el tratamiento de la conformación de la veeduría, continúa verdad, no se ha detenido?” le preguntó Lozada a Gary Núñez, subcoordinador de Control Social del CPCCS. “Claro que no, nosotros hemos continuado en etapas de fase previa”, le contestó el funcionario.
Según Ismael Merizalde, coordinador de Asesoría Jurídica del CPCCS, la decisión de continuar con la veeduría se tomó porque, de acuerdo a su análisis, los alcances del Dictamen 219 no abarcan a los ciudadanos y, como el pedido de crear una veeduría es una iniciativa ciudadana, no vieron ninguna razón para informarle, al juez Quimis, que su sentencia era inaplicable.
Fiscal pide la destitución
Además de permitir la veeduría para revisar el nombramiento de los jueces constitucionales, a los vocales del CPCCS también se los investiga por haber permitido que el colectivo Acción Popular, liderado por Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo sentenciado por abuso sexual, investigue y hasta intente destituir a la fiscal general Diana Salazar, acusándola de un supuesto plagio de su tesis de grado.
Tras solicitar ser escuchada en la audiencia, Diana Salazar pidió la destitución de los consejeros, pues expuso varios actos mediante los cuales Alembert Vera y los vocales Augusto Verduga, Yadira Saltos y Johana Verdesoto, permitieron que se la convoque a audiencia pública, que se investigue su nominación y que incluso se emita un informe en el que se la acusa de plagio académico, el cual fue aprobado por el pleno del CPCCS.
“En sus manos está hacer respetar la supremacía de la Constitución y la ley, a través de la destitución y sanción de quienes, con sus actuaciones, las han pisoteado”, señaló Salazar, quien además advirtió a los jueces que, así como intentaron destituirla a ella, están haciendo lo mismo con la con la CC. “Ahora vendrán por ustedes”, les dijo.
Por su parte, Alembert Vera puntualizó que su intención nunca fue destituir a la fiscal. “No se ha violentado el dictamen, no se ha pretendido revisar la decisión de la CC, mucho menos para revisión del proceso para la designación, porque no es nuestra competencia jurídica, además de existir una disposición expresa. No ha existido intención de destituir a nadie”, señaló Vera.
Se desmarcan de Vera
Al enfrentar una posible destitución, quienes en su momento apoyaron el accionar de Alembert Vera al frente al CPCCS marcaron distancia de él. El único que se mantuvo fiel a la causa fue Augusto Verduga, quien, al igual que el presidente del Consejo, también llegó al organismo apoyado por el correísmo.
Es así como Johana Verdesoto, pese a que votó a favor del informe que determinó el supuesto plagio académico de la fiscal, ayer su abogado, Stalin Raza, señaló que no estuvo de acuerdo con permitir que el colectivo acuse a Salazar, además que se alejó definitivamente de Vera cuando se conformó la veeduría para revisar el nombramiento de los jueces constitucionales.
Una postura similar tomó Nicole Bonifaz, quien también permitió que el colectivo convoque a audiencia a la fiscal, sin embargo, luego se desmarcó de la mayoría, pues se habría percatado de que “se pretendía manipular el objetivo de este mecanismo”.
Según los argumentos presentados ayer, los únicos vocales que no serían sancionados, si la CC decide destituirlos, son Mishel Calvache y Andrés Fantoni, quienes no han apoyado ninguna de las acciones de la mayoría vinculada con el correísmo.
