La participación ciudadana es un derecho que permite a las personas ser escuchadas en los procesos de toma de decisiones de interés nacional. Pero para que este sea ejercido, es necesario el acceso a información oportuna y transparente. La información es la garantía para que los ciudadanos tengan la capacidad de entender lo que sucede en su entorno y con ello expresar sus opiniones.
En Ecuador se han establecido varios mecanismos para garantizar una sociedad participativa y democrática. Una de las expresiones de estos derechos es el Proceso de Participación Ciudadana establecido en el Código Orgánico del Ambiente. En este se establece que la autoridad ambiental genera procesos de participación ciudadana para recolectar opiniones y observaciones de las personas interesadas, como paso previo a la emisión de la Licencia Ambiental de un proyecto. Es decir, se establece la potestad de que sean las propias comunidades, correctamente informadas, las que establezcan lo que es viable y lo que no.
Por lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) empezó el proceso de participación ciudadana para que las comunidades, en especial los habitantes de Durazno y Victoria del Portete, conozcan los resultados del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la Línea de Transmisión Eléctrica a 69 KV para el proyecto estratégico Loma Larga.
No obstante, es lamentable que alrededor del tema se haya generado un caldo de cultivo para la propagación de datos falsos e inexactos, originando “mitos dañinos” y una oposición desinformada. Oposición que es impulsada por actores que en su lucha contra la minería, sobrepasan la legalidad irrespetando las garantías de participación ciudadana. Esto más que favorecer a las comunidades, es una amenaza ya que ocasiona que estas se polaricen, algo nada saludable para el funcionamiento de las sociedades.
Todos estos “mitos” han desatado una opinión negativa alrededor del proyecto Loma Larga. Lo que es infundado, ya que el proyecto ha cumplido con todas las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental. Incluso el propio fallo de la Corte Provincial de Justicia del Azuay demostró que el proyecto no ha quebrantado ningún derecho a la naturaleza ni del agua.
Loma Larga ha generado oportunidades para las comunidades de la zona de influencia, y representa una promesa de más beneficios para los siguientes años. Al momento se encuentra en la fase de exploración y no de explotación. Permanecerá así hasta que se cumplan con las disposiciones establecidas en el referido fallo de la Corte Provincial del Azuay. (O)
