Un nuevo proceso judicial se ventila desde Fiscalía General. Esta vez, en la lista de implicados, se encuentran involucradas altas autoridades del sistema judicial, y otros operadores que han sido relacionados con presuntos delitos asociados al narcotráfico.
Indistinto de los tiempos políticos, los procesos judiciales deben seguir su curso sin influencias ni presiones externas. Se entiende que Fiscalía debe actuar bajo estos parámetros de independencia y estricto apego al derecho y al debido proceso. Un error de forma, en el nivel que Fiscalía está interviniendo, podría ser el pretexto para desprestigiar el proceso y vincularlo a las típicas vendettas políticas en el marco de un juicio político latente.
El desafío que tiene la Fiscal Salazar es eliminar la mancha que tiene su reputación por haberse involucrado en un ir y venir de posteos de redes sociales sobre las acusaciones recibidas tanto sobre su graduación universitaria como en la activación o silencio frente a procesos judiciales que dependen de la prontitud y diligencia con la que Fiscalía General los aborde. Características que más de uno podrá concluir que obedecen más a la voluntad política de quienes tienen poder de decisión, que a la agilidad con la que se obtienen las pruebas que incriminen a los acusados.
En derecho, la culpabilidad o inocencia no la determinan las redes, los medios, las bancadas políticas, ni la misma Fiscal; la deciden los tribunales. Mientras no se pronuncien los jueces en procesos transparentes y abiertos, seguiremos hablando de supuestos que en este momento son cruciales para el prestigio de la Fiscal y para la agenda política del país. Ojalá en medio de esa pugna se pueda conseguir una verdadera y profunda depuración en el sistema judicial ecuatoriano.
