Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, como se denomina a los Municipios, Consejos Provinciales y Juntas Parroquiales Rurales, tienen autonomía financiera, administrativa y descentralizada, si bien eso último es un puro decir.
En el marco de sus competencias pueden – mejor sería decir deben – crear tasas e impuestos para garantizarse sostenibilidad económica.
Sin embargo, sólo los Municipios lo hacen aun a costa del impacto político, no así los otros GAD, si bien unos pocos cobran peaje, y por ello dependen únicamente de las rentas del Estado cuyos ingresos cada vez son menos. Ahora mismo sufre de “anemia económica” mientras le acosan deudas millonarias internas y externas.
En ese contexto, el Gobierno Provincial del Azuay aprobó dos tasas: la de Movilidad Ecológica y Sostenible; y la de Cuidado de Cunetas.
Son una reforma a la ordenanza de regulación del Sistema de Gestión Vial del Azuay. La primera la pagarán, al momento de la matrícula del automotor a partir de 2024, los propietarios de vehículos particulares, de transporte público, comercial, comercial de carga pesada, escolar y taxis; igual los de motocicletas. Los valores varían en cada caso, pero no sobrepasan de los USD 20 dólares, siendo el menor, USD 6,50.
La segunda la cancelarán los frentistas de la red vial de competencia de la Prefectura y se recaudará por medio de los Municipios.
Con las diferencias del caso, la tasa de Movilidad Ecológica reemplazaría a la Tasa Solidaria, derogada por el populismo político de quien, de forma pasajera, administró el GAD Provincial.
Empero, y contrario a la Tasa derogada, la aprobada no aplica los principios básicos de un régimen tributario; pues, igual monto pagará el dueño de un Suzuki o de un Mercedes Benz.
Ojalá no asomen para oponerse otros populistas o quienes exigen todo pero gratis. Los recursos a recaudarse deberán invertirse en la vialidad rural, nada más.
