La escalada de la violencia narco delictiva que sufre el país tuvo uno de sus picos más altos en los últimos días, cuando más de cien guías penitenciarios fueron secuestrados en las cárceles, se incendiaron vehículos y se dieron atentados con dinamita en varias ciudades y, como colofón, se produjo una incursión armada en el canal TC; una situación desatada a raíz de la fuga del jefe de “los choneros” alias Fito, y en medio de la fuga de otros presos, como la del jefe de “los lobos” Colón Pico.
Una escalada de violencia narco delictiva, que junto al incremento de la delincuencia común, sería la consecuencia del paulatino debilitamiento del Estado en su capacidad para cumplir su rol de dar seguridad a la población; un debilitamiento que, en los últimos años, se expresó en la permisividad de las autoridades gubernamentales para permitir el control de las cárceles por parte de las bandas narco delictivas, la falta de acción para combatir la corrupción en el SNAI y la infiltración del narcotráfico en la fuerza pública y en otras instancias del poder estatal, la reducción de los recursos económicos para el sistema penitenciario, la desaparición del Ministerio de Justicia y el debilitamiento del sistema de inteligencia; unido a lo cual ha estado la ausencia de un plan estratégico para enfrentar la delincuencia y la criminalidad de manera integral, incluyendo sus causas sociales.
Si bien durante su primer mes y medio de gestión el Gobierno del Presidente Noboa no había dado señales claras y contundentes de cómo enfrentar el incremento de la violencia criminal, los últimos sucesos acaecidos le llevaron no sólo a decretar un “estado de excepción”, sino a etiquetar a las bandas narco delictivas como “terroristas” y a calificar la situación como de “conflicto bélico interno”; abriendo con esto la posibilidad de una intervención directa, e incluso letal, de la fuerza militar en el combate a dichas bandas.
Si bien esto va ayudar en una coyuntura en la que la violencia criminal ha escalado hasta niveles inusitados, el problema no se logrará aminorar de una manera sostenida y significativa mientras no se corrijan los otros aspectos críticos en la gestión pública de seguridad, y mientras no se enfrentan sus causas sociales estructurales. (O)
